FALLO CORTE ABORTO

Comisión de Salud de la Ciudad de Buenos Aires tratará proyecto de ley de aborto no punible

Finalmente, hoy martes 28 de agosto, el proyecto se bajó del orden del día y no fue tratado. ¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

(AA) Ha citado a reunión el próximo 28 de agosto para tratar el proyecto de ley 502-D-12 de Alegre y otros sobre la "regulación de los procedimientos para la atención de los abortos no punibles". Los derechos del niño por nacer están totalmente ausentes en el proyecto.

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Reglamentan aborto no punible en Río Negro

(AA) Lo avaló la Legislatura rionegrina en primera vuelta, por mayoría, el pasado viernes 10 de agosto. El aborto debe realizarse en un plazo no mayor a los 10 días de receptada la solicitud y hasta las 12 semanas de gestación.

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Facultad de Ciencias de la Salud y el Instituto de Investigaciones Bioéticas de la UCALP critican protocolo de aborto de Buenos Aires

(AA) "La mujer que ha sido violada requiere de un apoyo integral familiar, institucional, social, psicológico; comprensión y afecto, contención y ayuda; y que si bien no está moralmente obligada a criar al hijo engendrado a causa de la violación, nunca será moralmente lícito quitarle la vida a un ser humano inocente" expresa el documento.

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Tucumán: Ministro de Salud suspende curso sobre aborto ante contundente protesta de organizaciones provida

(AA) El Ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlín, tuvo que suspender el curso de "capacitación" sobre abortos "no punibles" destinado a los médicos de la Maternidad. "La medicina es el arte de curar la vida y jamás puede considerarse terapéutico dar muerte directa a un ser humano" expresaron los manifestantes.

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¿Vade retro Corte Suprema, discriminación religiosa o violación de las autonomías provinciales?

Por María Inés Franck

(AA) En su edición impresa del lunes 28 de mayo, el diario Página 12 dedicó la tapa a una nota titulada “Vade retro, Corte Suprema de Justicia”, plagada de inexactitudes jurídicas, de manipulaciones ideológicas del lenguaje y de agresiones a la buena voluntad de la gente. Se aborda como tema central -y se critica- la reacción dispar y desconcertada de las provincias luego del fallo de la Corte Suprema sobre el aborto en un caso de violación.

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Cuestionan resolución abortista

(Notivida) El pasado viernes 11 de mayo, con el patrocinio letrado del Dr. Federico E. I. Göttig, la Dra, Nereida Brumat Decker, miembro de la Junta Ejecutiva Federal de la Red Federal de Familias, interpuso una acción de amparo cuestionando la aplicación de la Resolución  del Ministerio de Salud provincial N° 612/12, del 17 de abril de 2012, que fuera publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 23 de abril y que incluye, en su Anexo I, la llamada “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, según lo establecido en el artículo 86 incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación”.

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Una Corte Suprema disonante

Por Esteban Ruiz Martínez

(AA) “Soto una savia legge vo´che surgano a mille, a mille e genti e gregge, e case e campi e ville…” compuso Boito en su opera Mefistofele, inspirándose en la obra Fausto de Goethe. Fausto, cuando aparentemente estaba dispuesto a entregar su vida a Satanás por los placeres de esta vida, reacciona antes de su muerte y se aferra a sus valores evitando su condena eterna:

Me siento con fuerzas para consagrarme a esta idea, que es el complemento de la sabiduría: sólo es digno de la libertad y de la vida aquel que sabe cada día conquistarse una y otra (…) Tampoco esta vez me asustas con tu rostro feroz y tu rabia por destruirlo todo. Tiene la humanidad fino el oído; una palabra pura inspira grandes acciones; conoce muy bien el hombre lo que le hace falta, y acepta o sigue con placer los consejos serios. Así, pues, me separo de ti, y no tardaré en volver triunfante”.

Es así como uno de los clásicos de la literatura y también de la música clásica nos recuerdan la trascendencia de los valores en nuestras vidas.

No ha de ser una ilusión que esta música suene en nuestro derecho y éste demuestre que no es ajeno a tan buenos deseos, dado que siempre ha abrazado los valores para guiar la redacción de las leyes y la sentencia de los jueces, salvo en períodos oscuros de nuestra civilización, donde las ideas desplazaron los valores humanos y justificaron genocidios.
Nuestros constituyentes, guiados por la conciencia de estar formando un nuevo pueblo, establecieron en el preámbulo de la Constitución nacional: “…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”.

Es muy fuerte la disonancia que ha producido el reciente fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación al admitir la licitud del aborto que realice la mujer que fuere violada.

Fausto soñaba en una vida de libertad y bienestar general para todos, como una ley sabia, y Boito lo reflejó en su música llena de ilusión y esperanza.

El derecho también ha de compartir tal objetivo: La sociedad sabe a qué normas desea someterse, pues nos recuerda Fausto que “tiene la humanidad fino el oído… conoce muy bien el hombre lo que le hace falta, y acepta o sigue con placer los consejos serios…”.

Es evidente que el avance del derecho implica la incorporación de los valores a su contenido, donde su calidad radicará en poseer aquellos valores que lo hace más libre y vital.

¿Es acaso la muerte un valor a incorporar a nuestro derecho? ¿La muerte de quien aun no puede defenderse?
Un derecho donde la vida humana no es un valor absoluto, no cabe engañarse, es un derecho de la muerte, vacío de sentido, que falto de guía deambulará produciendo daño y bien indistintamente.

La vida es un derecho absoluto, indisponible; es un regalo que Dios y los padres le otorgaron a cada persona, y que está en manos exclusivas del mismo viviente en cuanto libre. Así, se sabe que nadie puede ser esclavo de otro, que cada persona es única dueña de su libertad, y entonces más aun de su vida, que es aquello que le permite ejercitar la libertad. Cada persona es la única administradora de su propia vida, sin que terceros puedan inmiscuirse y, menos aun, pretender disponer de lo que no le pertenece (art. 19 CN).

La vida, llama sagrada y razón de la existencia, es la que constituye a las personas fácticamente como sujetos de derecho: una vez que la vida se apaga se extinguen los derechos de la persona, quedan aquellos derechos residuales que reconoce la legislación y la memoria de quienes la quisieron bien.

Si no se protege la vida, el derecho pierde todo sentido ¿si el derecho no es para los vivos, acaso será para los muertos?

Resulta incómodo recitar lo obvio, pero el reciente fallo lo ignora, instalando en la sociedad la disponibilidad de la vida de terceros mediante declaración jurada, abriendo la puerta al comienzo de otro genocidio: de los pequeños humanos (en su primer etapa llamados feto). Y lo más llamativo es que será un genocidio con motivo de un fallo contrario a la ley citada: la ley argentina protege la vida desde la concepción (El art. 70 del Cod. Civil declara que “desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas” y la Convención sobre los Derechos de los Niños, Ley 23.849, que expresamente define en su artículo 2: “…se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad” ).

No cabe lugar a engaño, interrumpir la vida humana recién concebida es matar un niño, la ciencia y el derecho así lo ratifican. En otro orden, es suficiente demostración el pensar qué sucedería con ese niño, fruto de una violación, si lo dejamos nacer y crecer: cuán agradecido estará de haber continuado su existencia y festejar la vida con aquellos que no han corrido su riesgo de ser eliminados! Preguntémosle sino a la Sra. “Roe” del emblemático caso “Roe vs. Wade” 410 U.S. 113, que finalmente nunca abortó y finalizó su vida como antiabortista.

Fallos como estos son un fuerte llamado de atención sobre la pérdida del sentido común y los valores en la sociedad, no solo en este país, sino en varios otros, donde el interés individual se impone a todo, aun a lo más importante y sagrado.
Ante ello es procedente también preguntarse: ¿Qué deber de obediencia tiene el poder judicial frente a organismos internacionales que pregonan una cultura de la muerte? ¿Acaso sólo cabe defenderse del extranjero en cuestiones de soberanía económica y territorial?

El derecho debe remontar la senda de los valores con la seriedad que estos requieren, incorporándolos en su plexo normativo y no expulsándolos, pues tarde o temprano se llorará sobre nuestra memoria, dado que “tiene la humanidad fino el oído… conoce muy bien el hombre lo que le hace falta, y acepta o sigue con placer los consejos serios. Así, pues, me separo de ti, y no tardaré en volver triunfante”.

Esteban Ruiz Martínez es Abogado UBA, Magister en Derecho Empresarial Universidad Austral, Doctorando en derecho en la misma universidad.

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Juez suspende en Córdoba protocolo de abortos no punibles

(AA) El Juez de 1ra. Instancia Federico Alejandro Ossola de la Ciudad de Córdoba concedió la apelación presentada por la ONG Potal de Belén para que la medida cautelar por la que se suspende en toda la provincia el protocolo de abortos no punibles alcance también a los hospitales que dependen del Estado Nacional, lo que abarca a los hospitales de la Universidad Nacional de Córdoba.

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La arbitrariedad de la corte suprema

Dr. Luis F. Ferreyra Viramonte

(AA) Elegimos mal los argentinos al poner a la economía y finanzas por encima de los derechos y las leyes. Quizás ahora estemos sufriendo las consecuencias, por cuanto se aprovechan de nuestra ignorancia para cambiar nuestra cultura jurídica nacional.

El fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva”; no significa -ni mucho menos- la ‘legalización del aborto’. Contiene severas contradicciones y gruesos errores jurídicos que ha producido profundas críticas que se están haciendo llegar desde los puntos más variados del país y por personas -y organizaciones- con mucha más capacidad que este autor y con las cuales coincido plenamente.
 
Debo decir que resulta muy complejo traducir un fallo judicial a términos comunes que se entiendan. Pero siendo más una manifestación de la ‘ideología de género’ (o teoría de la ‘madre propietaria’, como preferimos llamarla) que una resolución judicial, muchos lectores -sin ser abogados- van a entender las críticas aquí planteadas.
 
1.- En primer lugar, la Corte no tenía facultades para resolver. Como lo dijo el Procurador General de la Nación, la cuestión era ‘abstracta’ al momento de dictar la resolución; y ese Tribunal sólo interviene cuando hay perjuicio concreto y aquí no lo había. Se contradice con cientos de fallos en tal sentido (Fallos: al 298:33; 304:1649; 312:555; 318:2438; 323:3083 y 3158 entre otros).
 
2.- Los ministros de la Corte, se basan en la premisa falsa que la ‘jurisprudencia’ puede cambiar la ‘ley escrita’ y, por lo tanto pueden cambiar a su antojo el Código Penal.
 
Recordemos que los jueces no dictan las leyes y mucho menos las leyes penales (el aborto está penado por el Código Penal). Únicamente el Congreso de la Nación puede dictar leyes.
 
La Corte contradice abiertamente el Principio Republicano de Gobierno previsto por la Constitución Nacional en el art. 1º, tan menos.
Ése es un objetivo central para esta ‘ideología de género’ que, como todo totalitarismo, necesita darle más valor a ‘lo que dice el juez’, por que de esa forma -como está pasando- ante el caso concreto pueden imponer la ideología a su antojo, es decir utilizar al ‘género como herramienta del poder’, imponiendo el criterio personal por encima de la propia Constitución Nacional, que es la garantía para todos los ciudadano.
Cuando  los jueces legislan, como en este caso, producen una sentencia arbitraria, es decir, una no sentencia. Una sentencia sólo es vinculante para las partes en un proceso determinado.
 
3.- Dice la Corte que, según ella ‘interpreta’, el Código Penal de la República Argentina, permite el aborto ‘para todos los casos de violación’.
El Código Penal no dice eso, por lo tanto, es una falacia o mentira.
 
El artículo 86 inciso 2º del Código Penal, claramente dispone (sin reserva de ningún tipo) la no punibilidad SOLO para el caso en que el embarazo sea consecuencia de una violación cometido contra una mujer idiota o demente. Y “...la ley no puede constituir al Poder Judicial en fuente, aunque sea indirecta, de producción del derecho penal...” (Laje Anaya - Gavier, “Notas al Código Penal”, Marcos Lerner Editora Córdoba, página 45).
 
Por lo demás, nos remitimos a las muy serias y responsables notas ya publicadas en estas páginas (ver, entre otras, opinión del Dr. Alejandro Freeland)
 
4.- Pero resulta más grave y preocupante, que establezca en su resolución que la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" (o Convención de Belem do Para"), tiene ‘rango constitucional’.
 
Otra falacia o mentira.
 
No es cierto que tal convención tenga ‘rango constitucional’. Sólo lo tienen los Tratados sobre de Derechos Humanos enumerados en el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y que son: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño.
 
5.- Contradicción con el principio de supremacía constitucional
No es cierto que “las prácticas de solicitud de consultas y de obtención de dictámenes contravienen las obligaciones que el art. 7º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”

Hasta donde hemos conocido (lectura del fallo) tampoco es cierto que el tribunal superior de la causa comprometió preceptos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de igual jerarquía al interpretar el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal (artículo 14, inciso 3º, ley 48)... puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional, tanto más si se tiene en cuenta que varios organismos internacionales se han pronunciado censurando, en casos análogos, la interpretación restrictiva del acceso al aborto no punible por parte de otras instancias judiciales...”
 
Reitera la Corte que la ‘jurisprudencia’ creada por ‘varios organismos internacionales’ está por encima de la ley escrita argentina. Nuevamente pretende, además, decir que en materia penal, puede aplicarse la analogía.
 
No es cierto, tampoco, que se haya comprometido preceptos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de igual jerarquía’.
 
Y no es cierto porque, en primer lugar, el art. 86 inc. 2º del C. Penal, no puede tener otra interpretación posible que el texto concreto de la ley escrita.
 
Tampoco, en este caso, se compromete a la República Argentina, ya que nuestro país sólo se comprometió a cumplir con el Tratado Internacional escrito, pero NO con la ‘interpretación analógica de organismos internacionales’. Una falsedad inadmisible.

Por su lado, aún cuando fuera cierto -que no lo es- que se contradiga ‘preceptos’ del tratado internacional, raramente -otra vez- la Corte se expide en contra del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que expresa, por ESCRITO, que “la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer... en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía Constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.”
 
6.- ¿Y si el feto fuera de sexo femenino?

Pero aún asumiendo -lo que no es cierto- que el tratado contra la discriminación contra la mujer (“género femenino”) pudiera reformar el Código Penal (que no puede), nos enfrentamos a una posible paradoja jurídica: Si la ‘persona por nacer’ fuese de ‘genero’ femenino -art. 63, subsiguientes y concordantes del Código Civil- (que lo es, según los pactos internacionales firmados por la República Argentina, desde el momento de su concepción) -es decir mujer-, la violencia del aborto sería -entonces- absolutamente palmaria y contradictoria con lo afirmado por la Corte.  

 

 

Desde el punto de vista médico -que no lo soy, aclaro- el aborto me parece absolutamente invasivo y violento contra la mujer. Es un hecho de la ‘experiencia común’ (como parte de la sana crítica racional) y que en el cual para nada influye el ‘consentimiento’.

El proceso ideológico previo y la conclusión
 
Cientos de miles de argentinos hemos asistido a un proceso ‘ideológico’ previo, sin advertir que hemos estado siendo sometidos a un intento de ‘cambio cultural’ profundo. En ese camino -sólo refiriéndonos a la célula base de la sociedad- se han destruido miles de familias, y miles de niños se han quedado sin poder tener contacto con sus padres biológicos.
 
Me refiero a la ‘Ideología de Género’ que, entre sus objetivos más profundos, persigue la ‘construcción personal del sexo’ (Ley de Matrimonio igualitario) y, por el otro lado el concepto de ‘madre propietaria’ o ‘que la mujer es dueña de su cuerpo’.
Lo curioso es que muchos abogados, empleados del Poder Judicial y gran parte de las gentes comunes que repugnan el aborto, se han enrolado -en una especie de ‘idiotismo jurídico’- en esta corriente que, “como toda ideología -a su debido tiempo-, desaparecerá... precisamente por su intrínseca falsedad...” (Scala, Jorge - “La ideología de género o el género como herramienta del poder” - Editorial Sekotia SL, Madrid, España - Página 9)
 
Pero para terminar, debemos referirnos a que el acto jurisdiccional, entonces, no es válido; “...puesto que un pronunciamiento arbitrario y carente de todo fundamento jurídico no es sentencia... Es obvio -añadió la (propia) Corte- ‘que el primer requisito del amparo judicial de los derechos es que sea eso, precisamente, amparo judicial fundado en ley y en la prueba de los derechos formalmente producida. Una sentencia arbitraria es un mero hecho de arbitrariedad o un capricho del juzgador’” (CARRIO, Genaro - “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, página 38)


 

NOTA: El presente artículo es un resúmen de otro mayor preparado por el autor del mismo, Haga clic aqui para descargar el artículo original

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El Colegio de Médicos de Salta se manifestó a favor de la vida

(Aica) En el marco de las diversas amenazas a la vida que se viven en nuestro país, y por la reciente legalización de aborto en casos de violación, el Colegio de Médicos de la provincia de Salta difundió un comunicado dirigido a los legisladores nacionales, a las autoridades de los poderes provinciales y al pueblo de la provincia.

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Córdoba: Suspenden la aplicación del protocolo para abortos no punibles

(Aica) El juez en lo civil y comercial de 30a. nominación de la ciudad de Córdoba hizo lugar a una media cautelar interpuesta en un amparo por la Asociación Civil Portal de Belén.

La medida dictada por el magistrado dispone "la suspensión de la aplicación de la resolución ministerial y la ‘Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles’, del 30 de marzo de 2012, emitida por el ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, para el supuesto allí previsto de ‘Procedimiento en caso de violación’, hasta tanto se dicte resolución en esta causa."

La resolución fue notificada al gobierno de la provincia de Córdoba que deberá acatarla de inmediato suspendiendo toda aplicación del "protocolo" en los hospitales públicos.

El Portal de Belén manifestó que el Protocolo para abortos no punibles es un verdadero desatino que permite terminar con la vida de un niño con sólo una declaración jurada que diga que la madre ha sido violada, y sin mediar denuncia al supuesto violador. Un país civilizado jamás puede permitir que la vida de sus hijos más débiles sea atacada de un modo tan desaprensivo valiéndose de una norma inconstitucional y contraria a la Convención de los Derechos del Niño y a los pactos internacionales suscriptos por la Argentina en la materia.

Lamentablemente el Estado provincial ha seguido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en modo alguno resulta obligatorio y que fue dictado para un caso en particular. La Corte carece de facultades legislativas, de tal modo que no hay razón para seguir lo que ni siquiera fue un fallo, sino una opinión del alto cuerpo, pues el caso concreto se había tornado abstracto, ya que el niño había sido abortado dos años antes de la "sentencia" del Alto Cuerpo.

El gobierno de la provincia desatendió regularmente otros fallos de la Corte en relación a temas como la no distribución de la píldora del día después, alegando que carecía de efecto para otros casos que el que motivó aquel fallo. Sin embargo ahora dice que debe seguir necesariamente lo que la Corte indica cuando se trata nada menos que del respeto a la vida de los más indefensos.

A pedido del juez, el gobierno de la provincia deberá contestar dentro de los tres días un informe pormenorizado sobre distintos aspectos de la norma suspendida.

Más información: Rodrigo Agrelo, tel. (0351) 155-314262.+

 

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San Luis dice que no hay obligación de acatar fallo de la Corte sobre aborto

(Infobae) La presidenta del Superior Tribunal de Justicia puntano, Lilia Ana Novillo, afirmó que el fallo de la Corte Suprema que permite interrumpir los embarazos por violación no exige aceptar la resolución del máximo Tribunal ni obliga a los profesionales a realizarlos.

"El respeto a la vida humana empieza desde la concepción en el seno materno, más allá de las reformas que están proponiendo", dijo Novillo, quien siempre se mostró en contra del aborto y ahora agregó que "no tengo conocimiento de que el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Salud haya hecho una reglamentación al respecto".

Estas declaraciones seguramente generarán polémica, porque apuntan contra la determinación del máximo Tribunal, que consideró no punibles los abortos realizados en casos de violación. "Supongamos que ocurriera este hecho hipotético, nosotros no tenemos ninguna obligación de aceptar esto de la Corte", aseguró la magistrada.

"Por suerte, en la provincia de San Luis, un médico que no esté de acuerdo en hacer el aborto, por su pensamiento, por sus creencias religiosas o morales, puede echar mano de una ley que acá existe, la de los objetores de conciencia, que no lo obliga a cumplirlo", aclaró Novillo.

"No obliga a nadie y advierto que hay una situación que hay que resolverla que es qué pasa cuando se pide un aborto por causa de una violación", planteó la presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. "Yo estoy en contra del aborto por regla general", remarcó.

La actual Presidenta del Superior Tribunal había encendido la polémica sobre el tema, cuando dijo: "No estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario pero esto es una cuestión personal".

La magistrada ya había cuestionado la decisión judicial del máximo tribunal argentino porque, había señalado, "si es verdad que para pedir un aborto por violación sólo basta que se haga una declaración jurada, imagínense ustedes la cantidad de abortos legales" que se producirían.

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La "Jurisprudencia" como fuente del derecho

Dr. Luis F. Ferreyra Viramonte


(AA) Entre los valores culturales y jurídicos de los pueblos americanos (incluyendo Estados Unidos y Canadá), se encuentra lo que se llama el ‘principio de legalidad’ que básicamente significa que “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”, contenido expresamente en la segunda parte del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este principio instituye a la ley como única fuente del Derecho.

 

El principio pone en manos del Congreso de la Nación la responsabilidad de dictar esas leyes. Los jueces no pueden legislar ni ir en contra de la ley escrita.

Al Poder Judicial, por su parte, solamente -en caso de conflicto- de ‘interpretar’ y ‘aplicar’ las normas; no ‘hacerlas’.

El marxista italiano Antonio Gramsci (1881-1937) afirmaba que la cultura o el conjunto de valores de la sociedad mantienen primacía sobre la economía. Que la mayoría de los hombres tiene los valores comunes de su sociedad, pero no están conscientes de por qué sostienen sus puntos de vista o de cómo los adquirieron en primera instancia. De este análisis se desprendía que era posible controlar o dar forma al régimen a través del proceso democrático si se podían ‘crear los valores comunes dominantes de la nación’.

Esto se puede lograr mediante la dominación de la cultura de un pueblo, un proceso que requería una fuerte influencia en su religión (en toda América, la Católica), escuelas, medios de difusión masiva y universidades. El método más prometedor para crear un régimen estatista en un ambiente democrático era, precisamente, a través de la conquista de la cultura. Conforme a este patrón, los movimientos marxistas en América Latina han sido encabezados por intelectuales y estudiantes, más no por trabajadores.

El ataque no abarca solamente uno o dos componentes de la cultura, sino a todos.

Es efectivo en un amplio frente que trata de redefinir toda la cultura en una nueva terminología, de manera que, de la misma forma que el catolicismo trata de ser redefinido por algunos teólogos, se transforma el arte, los libros son reinterpretados y los curriculums son reacondicionados. El impulso de la penetración cultural en América Latina es seguido por diferentes teóricos educacionales marxistas en escuelas y universidades.

Resulta curioso que este ‘modelo’ de ‘colonización’ haya sido construido teóricamente por un marxista, pero perfectamente implementado por el neoliberalismo globalizante. Posiblemente ambos extremos tengan la misma madre.

Para entender este fenómeno, requiere de la reflexión razonada de varios conceptos jurídicos y no jurídicos, que siempre han formado parte de los valores tradicionales de la Nación Latinoamericana.

Con todas las críticas que ha merecido y pueda merecer, lo cierto es que el sistema republicano de gobierno elegido por los constituyentes (art. 1º de la CN), implica -entre otras cosas- la división del Poder Estatal en tres departamentos independientes que se controlan mutuamente y deben guardar equilibrio: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Graficándolo, es como una mesa de tres patas, en donde el Estado es la tabla y estos departamentos las patas que lo sostienen. Esto es un valor a destruir para cambiar la cultura.

Lo que ‘dicen los jueces’ (es decir, la jurisprudencia), en nuestro sistema republicano, tiene el valor solamente para las partes en un juicio y ante un caso judicial concreto. Es la resolución jurídica y racional del conflicto.

Sería imposible para cualquier ciudadano, conocer los cientos (sino miles) de resoluciones que dictan los jueces en todo el país. Ni siquiera es posible conocer los fallos de la Corte Suprema.

Al conocimiento de la ley, habría que agregarle ahora, el conocimiento de lo que ‘dicen los jueces’.

Lo que se pretende evidentemente con el proyecto de reforma al artículo 2 del Código Civil, es que la ‘interpretación’ que hagan los jueces de la ley, deba ser acatada por todos los argentinos.

Insensiblemente esto ya se ha puesto en marcha con toda crudeza con el fallo por el aborto: La Corte Suprema, ha legislado que debe presentarse una ‘declaración jurada’ para matar un niño por nacer; pero deja impune las violaciones, o la obligación estatal de averiguación de la verdad real que es lo que debe hacer el Poder Judicial.

Desde mi humilde punto de vista, los miembros de la Corte Suprema deben ser destituidos sin miramientos, pues han violentado el principio republicano de gobierno y, si son los ‘custodios’ de la Constitución y coherentes con sus resoluciones, han faltado gravemente a los deberes de su cargo. Es más: Han contrariado su propia ‘jurisprudencia’ que anula fallos por que los jueces legislan en los mismos. ¿Cómo debe entenderse, entonces, que se ponga a la jurisprudencia por encima de la ley escrita? Por que se necesita de un Poder Judicial servil a los intereses de los poderosos de turno.

De aprobarse la reforma del art. 2º del Código Civil, una vez más los argentinos quedaríamos sometidos a los intereses de los económica y políticamente poderosos. Como siempre en nuestra historia reciente.

 

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La Universidad Católica de Santa Fe se pronuncia sobre el fallo de la corte

(AA) La Universidad Católica de Santa Fe ha emitido una declaración respecto al fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo sobre abortos no punibles en caso de violación. Agregamos esta nota a la gran cantidad que ya hemos publicado con pronunciamientos de diversas entidades sobre el vergonzoso fallo:

Ante el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las repercusiones mediáticas que éste ha tenido, la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE quiere expresar su preocupación ante este acontecimiento que significa un grave antecedente hacia la relativización del valor de la vida.

Cuando la vida pierde su carácter absoluto el concepto de persona humana se vacía de su contenido esencial, y con ello se abre la puerta a interpretaciones que terminan por instrumentalizarla y cosificarla, sometiéndola a criterios utilitaristas y mezquinos.

La dignidad del ser humano está por encima de toda circunstancia y la vida es su sustento ontológico inevitable, en cuanto dato irrefutable brindado actualmente por las ciencias médico-biológicas.

Hoy más que nunca se hace imprescindible honrar el valor de la vida humana desde el momento de la concepción de la persona y hasta la muerte  natural.

Preocupa que las causales de aborto no punibles contenidas en el artículo 86 inciso 2º del Código Penal hayan sido interpretadas por el Tribunal Supremo con un criterio tan amplio que deja al niño por nacer sin la más mínima oportunidad de defenderse, desconociéndole el derecho elemental a ser oído y del debido proceso, lo que aparece como un acto de verdadera y extrema injusticia.

No resulta conforme al humanismo que anima a nuestro sistema jurídico que  una situación de aborto no punible se plantee como un conflicto de intereses, en el que se confronte el deseo de la madre de no continuar con su embarazo y  el derecho del niño a sobrevivir en su vientre; y que el conflicto se resuelva
sacrificando la existencia del ser más débil e inocente.

En todo caso debería intentarse la armonización de ambos intereses dando  prioridad al principio pro homine, tal como lo afirma nuestro ordenamiento jurídico nacional y el sistema internacional de derechos humanos; explicitado en el considerando 17 del fallo en cuestión.

En el fallo citado aparece claramente vulnerado el interés superior del niño y  su principal derecho, el de la vida, contrariando los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley nacional 26.061 de protección integral de la niñez.

Se niega su derecho a defensa2 a través de su representante, tal como lo prevee la ley 26.061, la representación promiscua del Asesor de Menores e  Incapaces del artículo 59 del Código Civil, la posibilidad de ofrecer y producir en forma amplia-toda la prueba necesaria; y la intervención efectiva de un  Juez y de auxiliares de la justicia en la contención tanto de la madre como de  su hijo, dejando totalmente a salvo la figura del violador.

Llama poderosamente la atención el marcado interés del Superior Tribunal en resolver la cuestión aplicando la doctrina del pronunciamiento efectivo pese a la abstracción de materia (punto 5 del fallo) y la liviandad argumentativa de sus mandatos.

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Academia del Plata: deplorable sentencia de la Corte Suprema

(AA) Reproducimos a continuación el dictamen de la Academia del Plata respecto del fallo de la Corte Suprema. Considera "deplorable" esta sentencia que "pretende transformar al niño ... en una cosa". El dictamen de la Academia enuncia numerosos preceptos que ponen de manifiesto la imposibilidad jurídica de aceptar la insólita doctrina del reciente fallo de la Corte Suprema.

 

Dictamen de la Academia del Plata

(Fallo de la CSJN que interpreta el art.86 inc.2° C.P. declarando no punible el aborto cuando se practique en una mujer que declare que ha sido violada)

Ante la deplorable sentencia dictada por la Corte Suprema de la Nación en un juicio tramitado originariamente en la Provincia de Chubut, cuyo texto abre las puertas a una sistemática agresión contra la vida inocente, esta Academia del Plata considera una obligación elevar su voz para protestar enérgicamente por el grave atentado cometido por los jueces del Alto Tribunal contra el orden natural y normas de jerarquía constitucional que han sido avasalladas por ese pronunciamiento.

El pleito había sido correctamente resuelto en las instancias ordinarias de la justicia de Chubut. Los jueces rechazaron el aborto solicitado por la madre de una joven embarazada, supuestamente violada, y ordenaron medidas tendientes a proteger al niño no nacido y a su madre. Recurrida la sentencia, el Superior Tribunal se expidió el 8 de marzo de 2010, revocó la sentencia de la cámara y autorizó el aborto a pesar de que la gestación se encontraba en el quinto mes.

La defensoría oficial interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Sin embargo, a pesar de que la sentencia no estaba firme, y prescindiendo del efecto suspensivo de la apelación, la orden de matar el niño se ejecutó el 12 de marzo de 2010.

Mucho después, el 4 de junio de 2010, cuando ya la cuestión era abstracta, y los agravios del defensor oficial que representaba al niño carecían de vigencia, el Superior Tribunal concedió el recurso extraordinario y elevó las actuaciones a la Corte Suprema.

El Procurador General de la Nación, al expedirse el 11 de abril ppdo., dictaminó que, al haberse consumado el aborto que el recurrente procuró evitar con su recurso, resultaba “de aplicación la doctrina de la Corte según la cual, para el ejercicio de la jurisdicción, tanto originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta”. En tales condiciones, y con cita de abundante jurisprudencia, el Procurador General sostuvo que resultaba “inoficioso un pronunciamiento del tribunal en el caso” y que, por ello, debía declararse improcedente el recurso extraordinario.

La Corte Suprema prescindió de ese inobjetable dictamen, que se ajustaba a una doctrina centenaria, y sin agravios actuales del recurrente dictó una sentencia en la que asumió atribuciones legislativas y virtualmente despenalizó el aborto en la República Argentina, alzándose así contra toda la normativa que ampara la vida inocente.

Los límites de este dictamen impiden reseñar todas las transgresiones procesales, penales y constitucionales. Lo sorprendente es que el tribunal ha condenado a muerte, en los tiempos venideros, a innumerables niños no nacidos, pretendiendo, al mismo tiempo, erigirse en “garante supremo de los derechos humanos”.

Lo más grave de la sentencia, sin lugar a dudas, es la afirmación de que el art. 86 inc. 2° C.P. no sólo está en plena vigencia sino que ampara con un manto de justificación la muerte provocada de los niños concebidos como consecuencia de toda violación. La Corte Suprema, a lo largo de su extensa sentencia, demuestra de esta forma que ignora la “ratio legis” del art. 86 inc. 2° C.P., expuesta con claridad manifiesta por la Comisión de Códigos del H. Senado de la Nación, en el dictamen expedido el 26 de septiembre de 1919, al proponer se agregara al proyectado código penal la excusa absolutoria prevista en dicha norma. En ese dictamen, la Comisión fundó su propuesta en doctrinas eugenésicas y racistas que se encontraban en boga, sin advertir sus adherentes que las mismas conducirían y servirían de sustento al régimen nacional socialista instaurado en Alemania a partir de 1933.

Al auspiciar la no punibilidad de la interrupción provocada de la gestación practicada en una mujer “idiota o demente” que hubiera sido violada, la Comisión expresó que “era la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada..., nazca un ser anormal o degenerado” . Argumentó seguidamente sobre “el interés de la raza”, y se preguntó, citando doctrina española, “¿qué puede resultar de bueno de una mujer cretina o demente?”. En definitiva, la Comisión consideró que “es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervención facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza”[1]

Con esos argumentos se introdujo en el Código Penal la excusa absolutoria que ahora, contrariando la “interpretación auténtica de sus autores”, se pretende extender a todo tipo de violación que, además no deberá ser acreditada en modo alguno y, por el contrario, facilitada por todos los agentes de salud, bajo amenazas penales que el tribunal formula contra quienes amparados en el claro sentido de la norma, se apongan al ya previsible holocausto prenatal.

A pesar de los esfuerzos dialécticos que en sentido contrario formula el Tribunal, las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal resultan hoy inaplicables y manifiestamente inconstitucionales ante textos explícitos que amparan de modo irrestricto al niño por nacer. Lo notable es que la Corte Suprema, a través de su interpretación asimétrica que pretende transformar al niño, sujeto de derechos inviolables, en una cosa, con su pronunciamiento se aparta de una reiterada línea jurisprudencial según la cual “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional”, “derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Además de esa normativa con jerarquía constitucional, debemos destacar algunos preceptos que ponen de manifiesto la imposibilidad jurídica de aceptar la insólita doctrina del reciente fallo de la Corte Suprema:

1°) La ley 23.849, cuyo art. 2°, al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, declaró que el art. 1° de ese instrumento internacional “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”. Con esta reserva, que el tribunal pretende esquivar con argumentos triviales, “en las condiciones de su vigencia”, la Convención adquirió jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.)

2°) El artículo 3 de dicha Convención que textualmente expresa:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

3°) El art. 6 de la misma Convención que textualmente expresa:

1. “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.”

4°) La ley 26.061, sancionada por unanimidad el 28 de septiembre de 2005, reglamentaria de la Convención sobre Derechos del Niño, ratifica y amplía la salvaguardia integral de la vida inocente. Su artículo 2° declara que la Convención sobre Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia (es decir, desde la concepción), en todo acto, decisión o medida que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad. El mismo artículo cubre la defensa en juicio de los menores, reconociendo que tienen derecho a ser oídos, obviamente por intermedio de quien los represente, que deberá ser un curador, máxime cuando los padres pretendan de modo directo poner fin a su vida por medio del aborto.

El art. 3° de la ley 26.061 puntualiza que se entiende por interés superior del niño “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”. El primero de esos derechos es, de acuerdo con el art. 8, el derecho a la vida.

El citado art. 3 declara que se debe respetar la “condición de sujeto de derecho” que tiene todo niño, agregando en su parte final que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses del niño “frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.

5°) El art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

“Dictar un régimen de seguridad social especial e integral del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.”

Pensamos que estas normas a las que el Tribunal resta significación, que podrían ser ampliadas con otras también de nivel constitucional, son suficientes para enmarcar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su ley reglamentaria n° 26.061 y en el art. 75 inc. 23 de la Constitución con relación a los derechos a la vida y a la salud del niño por nacer.

Por imperio de esa normativa de jerarquía constitucional han quedado tácitamente derogadas todas las normas de nivel nacional, provincial o municipal que las contradigan. En el derecho argentino no es posible excusar y menos justificar ningún atentado directo contra la vida de un niño desde la concepción. En consecuencia, las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal, introducidas en su texto a propuesta de la Comisión de Códigos del Senado de la Nación en el informe expedido el 26 de septiembre de 1919, han quedado sin efecto a partir de la vigencia de las normas de jerarquía constitucional ya citadas.

La derogación implícita o tácita constituye un principio elemental de la lógica jurídica en cuya virtud no pueden ser simultáneamente válidas dos normas contradictorias sobre la misma conducta. Rige siempre la última. En el caso de las excusas absolutorias del art. 86, aprobadas por la ley 11.179 que sancionó el Código Penal, y restablecidas en su texto original por la ley 23.077, es evidente que han perdido vigencia a partir de la fecha en que entraron en vigor las normas de la Convención sobre Derechos del Niño, con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.

A partir de tales normas, queda constitucionalmente desautorizada la pretensión de considerar a la persona antes de su nacimiento como pars viscerum matris, es decir, como una simple víscera u órgano de la madre, equiparable a los riñones, el estómago o la vesícula. Así como estas partes del cuerpo humano no son sujetos de derecho, tampoco lo sería la persona humana en la etapa más temprana de su vida si fuera sólo una parte del organismo materno.

Porque, en definitiva, el núcleo del problema radica en determinar si el embrión o feto en el seno materno, e incluso el concebido en forma extracorpórea, es o no persona humana.

La respuesta afirmativa ya la había dado el Código Civil desde los comienzos de su vigencia. Pero ahora la dan en forma enfática las normas que hemos citado, especialmente las de jerarquía constitucional.

A la luz de los criterios fijados en ellas, no puede controvertirse hoy, en términos jurídicos, que el derecho a la vida se extiende desde la concepción hasta la muerte natural. Cualquier discriminación que se intente, como la que efectúa la Corte Suprema en su lamentable sentencia, que deje sin protección penal la vida de los niños antes de nacer, resultará violatoria de los preceptos de jerarquía constitucional que hemos transcripto y de la igualdad consagrada en el art. 16 de la Ley Fundamental.

La muerte provocada de modo directo de una persona inocente, carece de validez constitucional, resultando irrelevante que los afectados tengan una semana o tres meses de gestación, un año u ochenta años de vida. Todos tienen el mismo derecho a la vida.

La Academia Nacional de Medicina, en su declaración del 28 de septiembre de 2000, ratificó su rechazo “a todo método que interrumpa el embarazo” y reclamó que no se niegue a los médicos “la libertad de actuar según el criterio de su conciencia ante situaciones que consideren reñidas con la ética”. Contrariando esta alta opinión médica, e incluso su propia jurisprudencia, la Corte Suprema retacea en esta sentencia la objeción de conciencia, imponiéndole, sin tener atribuciones, límites inadmisibles.

El derecho a la objeción de conciencia –que obviamente asiste a los profesionales médicos y también a las autoridades de los establecimientos a las que se pretende obligar que actúen contra los dictados de su propia conciencia-, deriva de modo directo de los arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional y de las convenciones internacionales que amparan la libertad de conciencia. Nos referimos concretamente a los arts. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos estos instrumentos tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22. C.N.).

Es difícil calcular cuantos niños no nacidos morirán como consecuencia de esta equivocada sentencia. La experiencia mundial, con cifras irrefutables, indica que la legalización de la interrupción provocada de la gestación genera un aumento exponencial del número de abortos. Los jueces del Tribunal han asumido una pesada carga ante Dios y la Historia.

Buenos Aires, marzo 16 de 2012

Eduardo Martín Quintana

Presidente

 

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Declaración Pública del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: "errónea decisión de la Corte"

(AA) El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en una causa de violación de una joven por su padrastro y en el cual la madre se sometió a un aborto, cuanto menos, constituye un precedente jurisprudencial equivocado y preocupante.

 

Evitando recurrir a argumentos de índole moral o religioso, cabe precisar las severas discrepancias que este pronunciamiento suscita desde el punto de vista legal como constitucional.

No es propio del Máximo Tribunal asumir el ejercicio de competencias atribuidas constitucionalmente a otro Poder del Estado, ya que en su intromisión resta posibilidad al debate público en el ámbito que en la República corresponde.

Es al Congreso de la Nación, el espacio institucional al que la Constitución ha asignado la tarea de legislar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder judicial, en cambio, tiene a su guarda y custodia la Constitución porque en ella se consagran los derechos y se establecen sus garantías. Sus fallos deben dictarse en un caso, con alcance individual y sin asistirle aptitud para extender sus efectos con carácter general.

La sentencia indicada, extralimita la potencialidad interpretativa respecto del Código Penal. Al elucidar cuál es punible de todos los abortos cuyos embarazos sean consecuencia de una violación vulnera el limite que resultaba válido hasta el presente referido a aquel que se infrinja sobre una mujer discapacitada.

Esta circunstancia se ve gravemente potenciada a poco que se advierte que la Corte Suprema, por unanimidad de sus miembros, se pronunció en una causa individual que había devenido abstracta al momento de dictar su fallo: el aborto ya había sido practicado por orden de la sentencia pronunciada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.

Resulta, pues, sorprendente que la Corte Suprema haya sostenido que todo caso de violación convierte al aborto en no punible. Más aún, advertir el carácter operativo que asigna a su resolutorio al liberar al médico interviniente de la necesidad de exigir una autorización judicial para la realización de abortos, no punibles, en casos de violación o al establecer que no deben exigirse ni denuncia ni prueba de la violación, frente a la sola exigencia de una mera "declaración jurada”, por toda formalidad. Incluso al plantear para los hospitales la obligatoriedad de prestar el servicio y “la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales” por parte de los médicos, cuya objeción de conciencia, además de discriminarse, se retacea al solo momento en el que los hospitales adopten los protocolos de procedimiento para tales circunstancias.

En los considerandos del pronunciamiento de la Corte, se advierte una valorización extrema de los derechos de la madre violada por sobre toda tutela de la vida del niño por nacer como también de sus derechos. Al hacerlo los tratados internacionales suscriptos y ratificados por nuestro país en la materia y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional, han sido menoscabados. En este caso, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Directorio

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Débiles reacciones de gobiernos provinciales respecto al fallo de la corte

Por Lic. Eduardo Cattaneo

(AA) Según parece los gobiernos provinciales que se han declarado en oposición al fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible vienen sufriendo presiones y, a pesar de que las mismas no parecen ser muy fuertes, las reacciones de los gobernadores y ministros de salud se han mostrado débiles, alguna sumamente veleidosa, en la defensa de la vida de los niños por nacer.

Estas débiles reacciones me llevan a cuestionarme si es tan difícil para un miembro del poder ejecutivo el hacer cumplir las leyes, que para eso han sido elegidos. Una interpretación (todavía permisiva) de la ley vigente (aunque no debería estarlo) llevaría a un gobernador a aplicar el famoso Art. 86 del Código Penal Argentino que en dos incisos despenaliza el aborto para dos casos: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Ya sabemos que la Corte pretendió reinterpretar el Código Penal en el caso del inciso 2 del artículo mencionado. Esta inconducta de la Corte no podría haber sucedido nunca si, en algún momento, después de sancionarse la reforma constitucional de 1994, se hubiesen explicitado la obvia y necesaria derogación del artículo 86. Por obvia esta derogación nunca fue realizada formalmente y de este artículo hoy se toma la Corte suprema para intentar liberalizar el aborto.

Por calificarlo de una manera que no ofenda a nadie, creo que quienes defendemos la vida “desde la concepción hasta la muerte natural” hemos sido ingenuos en no buscar y lograr la explícita derogación del artículo 86. Recuerdo que hace años cuando lo charlaba con un abogado comprometido en la lucha pro vida, este me refirió que tal derogación explícita no era necesaria toda vez que el en derecho se utiliza el principio que reza: “ley superior deroga ley inferior”. Está visto que pecamos de ingenuos en este asunto.

Salta: Veleidades de Uturbey

Muchos de nosotros aplaudimos al gobernador salteño Juan Manuel Uturbey cuando, el miércoles pasado (21/03/12), leímos en los medios masivos de comunicación que se oponía a la aplicación del fallo de la Corte Suprema en su provincia. Según pareció en este primer momento el gobernador salteño parecía a un digno habitante del suelo que, otrora, protegiera por el “General Gaucho” don Martin Miguel de Güemes. Su respuesta al Máximo Tribunal  fue: “Cuando los jueces sean legisladores, podrán cambiar la ley”. Sin embargo ya denotó cierta debilidad en la supuesta defensa de la vida cuando a continuación dijo que los hospitales de Salta solo realizarán abortos no punibles “si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez”.

En menos de 24 hs. el gobernador firmó el decreto 1170/12, mediante el cual instruyó a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos a implementar de manera "inmediata" las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder, "de manera rápida y segura, al aborto no punible previsto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

La palabra “veleidad”, utilizada en el subtítulo, no tiene la misma etimología que “veleta” pero creo que, en este caso, merecería tenerlo.

Mendoza: Paco Pérez y la incertidumbre

El 24 de marzo los diarios de la provincia de Mendoza se hacían eco de las declaraciones de su gobernador, el Sr. Francisco “Paco” Pérez, en estas declaraciones  el titular del ejecutivo provincial expresaba: "El fallo de la Corte es para un caso particular; no se aplica y no es legislación nacional ni legislación provincial. Nosotros nos regulamos por las normas y no podemos ante cada fallo de la Corte estudiar si se aplica una modificación”. Estas declaraciones generaron una inmediata respuesta de los partidarios de la muerte. Senadores y diputados provinciales salieron con los tapones de punta.

Armando Camerucci (Senador UCR) presionó inmediatamente “Nuestras máximas autoridades interpretan arbitrariamente un fallo del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que ordena cumplir una ley, por igual, a todos los ciudadanos del país. Los sistemas de salud, sean estos nacionales, provinciales o municipales, deben garantizar ese derecho de la mujer en cualquier efector que estructuralmente se encuentre habilitado para tal fin",

En el mismo momento en que escribimos esta nota la cámara de diputados de  Mendoza debate una iniciativa de la Dip. Liliana Vietti (UCR) por la que se pretende presionar al gobernador Pérez a fin de que adapte los protocolos,

Por estar inmersos en el período de sesiones llamado “extraordinario”, no se  presentó como una iniciativa con rango de ley. Pero “servirá para pedirle al Estado que elabore un reglamento que establezca cómo debe actuar el hospital en el caso de una solicitud de interrupción de embarazo producto de una violación”, dijo Vietti.

Para la legisladora radical, Mendoza es una provincia que “históricamente ha tenido una interpretación restrictiva del Código Penal”, es decir que admite el aborto no punible sólo cuando se trata de idiotas y dementes y aun en situaciones como éstas, tendiendo a judicializarlo. Obviamente que no puede resultar restrictivo aplicar, al pie de la letra, un artículo que debiera estar derogado por anacrónico e inconstitucional.

Los bravos defensores de la vida pertenecientes al Frente Joven de Mendoza, con Pablo Gaete a la cabeza, se encuentran, en este preciso momento, en la sala de sesiones de Diputados y han pasado el día intentando hablar con los mismos para evitar que  se de acuerdo a esta declaración que pretende presionar al gobernador para que cambie de actitud.  Miembros de Argentinos Alerta, también se encuentran en la sala de sesiones y nos llaman para ir pasando las novedades.

Las esperanzas de que “Paco” Pérez mantenga su posición tienden a debilitarse toda vez que, en su corto período de gobierno, a mostrado ciertas “veleidades” renunciando a la implementación de ciertas políticas para “quedar bien” ante las presiones recibidas.

La Pampa: Ministro de Salud y Gobernador parecen mas firmes

El Gobierno de La Pampa anunció este fin de semana que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ministro de Salud, Mario González, dijo que el fallo es "sobre un caso puntual", sobre una violación a una adolescente en la provincia de Chubut, y que no tiene por qué ser acatado por La Pampa. "Yo no soy abogado, pero los asesores legales nos han dicho que no se puede aplicar en otros casos. Que no afecta o direcciona las políticas del Estado", "Insisto, la Corte lo dijo para un caso puntual. Es un fallo para un caso puntual. Sería muy malo que, otro poder, en este caso el judicial, condicione políticas de Estado. No puede", sostuvo el ministro, que dejó en claro que una mujer violada "deberá tener autorización de un juez" para hacerse un aborto en los hospitales pampeanos.  Con esto último se trasluce la voluntad de aplicar el inconstitucional artículo 86 del código Penal.

González dijo que esa posición es la que también sostiene el gobernador Oscar Jorge (PJ), quien en 2007 llegó a vetar uno de los primeros protocolos hospitalarios sobre abortos no punibles para los hospitales (en esta ocasión Argentinos Alerta felicitó al gobernador Jorge por asumir esta postura). "Yo no soy un librepensador. Formo parte de un gobierno y lo que expreso es la posición del Gobierno", dijo González.

Tucumán: Alperovich “no conoce bien el tema”

"No conozco bien el tema. Si hace falta o no protocolo, la verdad es que desconozco". Con esta frase el gobernador, José Alperovich, evitó sentar posición en torno del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los casos de abortos no punibles.

En septiembre pasado, Alperovich había sostenido su oposición a cualquier práctica de interrupción del embarazo. "¿Quién puede estar a favor del aborto? Nadie. Una persona que se hace un aborto tiene un sufrimiento de por vida; nadie tiene que estar a favor de esa práctica", había manifestado el titular del Poder Ejecutivo provincial.

Hoy el gobernador tucumano dice que “ignora” el asunto,  no sabemos qué dirá mañana cuando las mafias abortistas comiencen a presionar.

NOTA POSTERIOR AL CIERRE:

Cuando ya teníamos esta nota publicada, recibimos noticias de la Legislatura mendocina, nuestros amigos que estaban en el recinto nos cuentan que fue aprobado la propuesta de la Dip. Vietti.

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San Juan: el jefe de la Maternidad del hospital Rawson se declaró en contra de los abortos en caso de violación

(AA) El médico José Luis Mainares dijo que si la paciente llega después de varias semanas y con un embarazo,"los médicos no podemos constatar que la fecundación es fruto de una violación". "Que venga Eugenio Zaffaroni a decirme que tengo que matar a un niño" dijo el jefe de la maternidad con referencia el juez de la Corte Suprema de la Nación.

 

Entrevistado por SanJuan8.com, el jefe del área Maternidad del hospital Rawson, José Luis Maina, señaló que el diagnóstico de violación se puede producir sólo al poco tiempo de consumado el hecho. "Si a mi me llega el caso semanas después es muy difícil constatarlo" explicó. "Nosotros no podemos solucionar el tema de la violación, y quizá sea algo con lo cual la víctima tenga que vivir eternamente y para ello podrá pedir ayuda psicológica" informó.

El profesional resaltó que si la paciente llega después de varias semanas y con un embarazo," los médicos no podemos constatar que la fecundación es fruto de una violación". Agregó que esta es una situación muy difícil para el médico. "Los médicos hacemos un juramento para procurar la vida, no para matar a nadie. Para la Justicia existe vida cuando el niño nace, la medicina es una ciencia activa y biológica, para nosotros hay vida cuando hay concepción" argumentó.

Maina atacó el fallo judicial de la Corte Suprema de la Nación que habilitó un aborto tras una violación en Neuquén sin necesidad de intervención judicial. "Con esta decisión judicial nos han transferido el problema a los médicos: Que venga Eugenio Zaffaroni a decirme que tengo que matar a un niño, y que yo lo haga me convierte en tan culpable como él".

El médico reconoció que en San Juan se hacen abortos, "pero yo no conozco a los colegas que los hacen". Pero aclaró que en 35 años de profesión, nunca fue una madre a pedirle que le haga un aborto a su hija.

Para finalizar Maina informó que se constituirá un foro de Bioética en el que participarán profesionales del hospital, representantes de la Facultad de Medicina de la provincia, jueces, abogados y periodistas. "De ahí sacaremos una conclusión. Pero queremos aclarar que no nos ha llegado ninguna guía como dice el gobierno" dijo para finalizar.
 

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Un fallo limitado y anacrónico

Por Pablo Yurman

(AA) En un fallo reciente la Corte Suprema reinterpretó los alcances del artículo 86º del Código Penal relativo a los abortos no punibles, es decir, los contados casos que no alteran el principio general según el cual el aborto (entendido como muerte deliberada de una persona por nacer) sigue siendo un delito grave. Consideró el tribunal que debe entenderse incluido el aborto que se practique cuando el embarazo fuera producto de una violación contra cualquier mujer, incapaz mental o no.

Mientras se escribían estas líneas, el fallo cosechaba elogios entre los grupos feministas y abortistas y el grueso de los habituales personajes “mediáticos” (quienes en su carácter de improvisados formadores de opinión suelen aplaudir dócilmente todo lo que se intuya “moderno” o “políticamente correcto”), pero casi ningún respaldo de asociaciones que agrupan a médicos, abogados y jueces.

Sin entrar en tecnicismos que aburrirían a los lectores, deben destacarse, sin embargo, algunos aspectos salientes de la decisión del máximo tribunal, con una previa aclaración: sus miembros no son infalibles y sus decisiones son pasibles de críticas fundadas y respetuosas. De lo contrario, caeríamos a una especie de “juridicismo” es decir, conferir a un órgano técnico del derecho la facultad omnipotente de poner fin a los debates éticos de una sociedad, finalidad esta última para la cual no necesariamente poseen sus integrantes más virtudes que los cuarenta millones de argentinos. Al respecto, preocupa la aseveración de algunos para quienes los fallos serían una suerte de dogmas laicos, indiscutibles y definitivos, lo que parece incompatible con una democracia pluralista y participativa.

Un aspecto llamativamente deficitario de la decisión de la Corte es que puestos sus ministros a analizar el alcance del artículo 86º inciso 2º del Código Penal, norma de data de 1921, omiten todo análisis de los debates parlamentarios que entonces tuvieron lugar en el Congreso y que muchas veces, como en este caso, brindan claves para entender el real alcance del dispositivo de excepción. Ese debate parlamentario es claro para quien se tome la molestia de analizarlo desprejuiciadamente, sobre todo en que la excepción que se introdujo como aborto no punible, tomándola del Código Penal de Suiza, reconocía una finalidad eugenésica. Por eso quedó afuera la posibilidad de un aborto no punible en casos de violación contra cualquier mujer que no fuera mentalmente disminuida y sí, en cambio, el practicado sobre una mujer con discapacidad mental. Por eso durante noventa años cualquier estudiante de la carrera de abogacía ha estudiado este supuesto como “aborto eugenésico”.

La llamada “tesis amplia” no logra dar cuenta del motivo por el cual el texto no dice, directamente y sin tantos giros gramaticales, que el aborto no punible lo es cuando el embarazo proviniese de una violación.

Lo anterior habilita a calificar al fallo de limitado en cuanto a la pobreza de análisis en sus considerandos, y a ello se podría agregar su caracterización como anacrónico, en el sentido literal de algo fuera de tiempo. Ello por cuanto si bien se reconoce que en estos casos existe un evidente conflicto de intereses (o de derechos) representado, por un lado, por el derecho a la libertad de la mujer embarazada, y por otro lado, el derecho a la vida de la persona por nacer, omite sin embargo toda reflexión en torno a este último.

En síntesis, el niño por nacer es “ninguneado” por el tribunal y no se arrima un solo parecer sobre los avances científicos a todo nivel (médico, biológico, genético, etc.) que desde 1921 hasta el presente se han verificado en esta materia.

Esto no deja de ser sumamente paradójico. La humanidad cuenta hoy con la mayor cantidad de herramientas científicas de que se tenga memoria, desde técnicas de ultrasonido, pasando por imágenes ecográficas, hasta el mapeo de genoma humano, y en cambio se prefiere dejar el debate acerca del comienzo de la vida humana, de innegable repercusión en estas cuestiones, para “más adelante”.

¿Es ésta una solución?

Más allá del fallo, cabe preguntarse si abortar al niño concebido y aún no nacido soluciona algo en casos como estos. Casos gravísimos desde todo punto de vista, pero en los cuáles el culpable es claramente el violador y no el niño por nacer.

En primer lugar, hay que ser claros al afirmar que el embarazo producto de una violación supone la existencia real de un nuevo ser humano, que es persona desde su concepción (así lo reconoce el mismo fallo analizado) y que no debe cargar sobre sí con las culpas del violador, verdadero responsable del drama ocasionado a la mujer embarazada.

En segundo lugar, ante un hecho tan grave como una violación el deber primordial a cargo del Estado, entendido éste como garante de los derechos de los ciudadanos y titular del monopolio de la administración de justicia, radica en la persecución de quienes con su conducta han delinquido, vulnerando los derechos de un tercero.

Llamativamente, la publicación del fallo de la Corte provocó algarabía en los abortistas, y en otro colectivo social: los violadores seriales, que a partir de ahora gozarán de una mayor impunidad toda vez que la ira social que el horrible hecho delictivo genera se apaciguará con la inmolación del chivo expiatorio más indefenso y por tanto, perfecto, que es la criatura no nacida.

En tercer lugar, el afirmar que ante casos como el que analizamos debe respetarse la vida de la persona por nacer hasta su nacimiento no significa en absoluto desentenderse del drama psíquico y afectivo que habrá de sobrellevar la mujer que ha sido víctima de la violación.

Muy por el contrario, como contracara de la “solución” que algunos ven en la eliminación de aquella vida inocente, la comunidad debe hacerse cargo de la situación, pero procurando un acompañamiento efectivo de la mujer, al tiempo que se garantiza el derecho a la vida del no nacido.

Pablo Yurman es abogado y docente universitario. Publicado originalmente en ElCiudadanoWeb.

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"No puedo reconocer autoridad en quien defiende el aborto"

(AA) En una entrevista realizada por el diario tucumano La Gaceta, el arzobispo de Tucumán, Monseñor Alfredo Zecca, sostuvo que en todos los debates que hoy enfrentan a la Iglesia con el gobierno, como el aborto legal, la ley de género, la muerte digna y la fertilización asistida hay algo en común: "no respetan la vida humana - que es el primer derecho del ser humano- ni el orden natural".

En su alocución, monseñor Zecca dejó en claro que la ley positiva no puede estar por encima de la ley natural. "La vida es un derecho absoluto. ¿Y entonces por qué vale más la vida de un hijo querido que la que es producto de una violación? Porque si usted me dice que se puede interrumpir el embarazo en ese caso, está haciendo una discriminación: la vida de uno es distinta a la vida del otro. Esto es un disparate y yo no puedo reconocer autoridad a quien diga que esto es así. ¡Por más que sea la Corte Suprema de Justicia! Si no, caemos en pleno positivismo jurídico, quedamos sujetos a los jueces. ¡Tiene que haber una instancia racional!", reclama.

"Hoy cualquier cosa es una construcción cultural. Por eso, hasta donde yo sé el género es un invento. ¿Qué necesidad tengo de decir 'todos y todas'? ¡Ya lo aclaró la Real Academia Española!, cuando digo 'todos' no estoy discriminando a nadie! Me parece que estamos entrando como en una obsesión, ¿no?", expresó Monseñor Zecca,

Para contestar a todos los planteos de quienes están a favor de la ley del aborto legal, el arzobispo recomienda leer la presentación del documento del Episcopado Argentino titulado:

La religión y la Patria

Según lo afirma y lo demuestra con sus gestos, otro tema que lo ofusca sobremanera es el intento de eliminar los símbolos y las expresiones religiosas de las escuelas, como ocurrió en la provincia de Salta, a raíz de una disposición gubernamental.

"Este país nació de la mano de la Iglesia Católica y esto lo tenemos que tener en cuenta sobre todo en el bicentenario. La religión ha ido acompañando la evolución de la Patria. Belgrano ganó la Batalla de Tucumán, encomendándola a la Virgen de la Merced. ¡No neguemos la historia!", advierte.

Monseñor Zecca insiste en que hay que respetar la ley natural. "Es imposible una convivencia en una sociedad democrática y pluralista si no tenemos una ley que sea aceptada por todos y que no pueda ser patrimonio de ninguna confesión particular. Tiene que ser una ley racional y aceptada por todos", propone.

"Y en última instancia, si perdemos la discusión en el Congreso de la Nación, no hay nada que justifique el aborto; ni la violación, ni que el feto viene con deformaciones. ¿Que quiere eliminar un embarazo porque tiene muchos hijos? Bueno, muy bien, entonces elimine al mayor. ¡Pero tiene 10 años! Bueno, al menos vivió 10 años ¿no? Claro, si lo llevamos al absurdo … todo puede ser. La mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Estoy de acuerdo. No le gusta el lunar que tiene ¡que se lo saque! Pero un hijo no es un lunar, es otra vida, distinta, con el código genético del hombre que será. ¿Que es un problema religioso? ¡Mentira! Es un tema de la biología y el que no lo quiere ver así es un ignorante", remata.

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