Estados Unidos: Corte Suprema derogó parcialmente la Ley Federal de Defensa del Matrimonio (DOMA)

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Al expedirse sobre el caso DOMA y la Proposición 8 de California avanzó en la desnaturalización del matrimonio en ese país.

(ArgentinosAlerta.org) Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia consideró dos casos sobre si el matrimonio debe o no ser redefinido para que incluya el matrimonio de personas del mismo sexo. Estos casos involucran a una ley federal conocida como el Acta de Defensa del Matrimonio (DOMA por sus siglas en inglés) y la Proposición 8 de California, que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

La Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) es una ley nacional (o federal) en la que se reconoce que el matrimonio sólo puede ser entre hombre y mujer y que ningún Estado está obligado a aceptar cualquier otra fórmula legal del matrimonio. Por lo tanto, toda la legislación nacional de Estados Unidos sobre matrimonio solo se aplica a lo que la ley establece como matrimonio: la unión entre un hombre y una mujer.

La sanción de la ley DOMA no generó mayores controversias en su momento y fue aprobada por el presidente Bill Clinton el 21 de septiembre de 1996. Tuvo una aprobación del 84 % del Congreso: 85 votos a favor en el Senado (y sólo 14 en contra) y 342 votos a favor en Diputados (67 en contra).

La ley DOMA no impide a nadie vivir con quien haya elegido ni impide contratos legales entre parejas ni prohíbe relaciones consentidas entre adultos.

El caso contra la ley DOMA fue presentado originalmente por Edith Windsor, una mujer de 84 años que se vio obligada a pagar más de 350.000 dólares en impuestos federales por el patrimonio heredado de otra mujer con la que estaba "casada", Thea Spyer, fallecida en 2009, dado que su "matrimonio" no estaba reconocido como tal a nivel federal.


Estado de desunión. Nuestra nación pierde su definición Federal de matrimonio.

 

La derogación de la sección 3 de la ley DOMA

El Tribunal Supremo dictaminó este 26 de junio que el Congreso no tiene el derecho de mantener una definición federal (nacional) de matrimonio, es decir, válida para todos los Estados Unidos. Esto significa, que ya no existe una definición nacional de matrimonio. El gobierno federal puede ahora ser obligado a aceptar cualquier definición legal del matrimonio que un estado particular invente.

En su resolución sobre la Ley Federal de Defensa de Matrimonio (DOMA), el Tribunal anuló la Sección 3, declarando que el gobierno federal no puede definir el matrimonio para sus propias políticas y leyes federales, sino que debe aceptar lo que los Estados decidan sobre el matrimonio. El fallo de la Corte, sin embargo, no afecta a la Sección 2, que establece que ningún estado tiene la obligación de reconocer "matrimonios" del mismo sexo de otros estados.

La decisión de la Corte no declara legal los enlaces alrededor de todo Estados Unidos. Más bien, significa que el gobierno federal admite la legalidad de los matrimonios concebidos entre personas del mismo sexo en ciertos estados.

 

Alan Sears, Presidente de Alliance Defending Freedom explica el significado del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La declaración de inconstitucionalidad de la sección 3 de la ley DOMA implica que los "matrimonios" homosexuales podrán comenzar a recibir beneficios federales, pero no obligará a ninguno de los estados que prohíben las bodas entre personas del mismo sexo a permitirlas.

Por ello, al derogar la Sec. 3 de la Ley Federal de Defensa del Matrimonio en el caso "Estados Unidos vs Windsor", la Corte ha dejado intacto - al menos por ahora - las definiciones constitucionales de matrimonio como como una institución limitada a un hombre y una mujer. Como el juez Samuel Alito señala en su voto de disenso, no existe ningún derecho "federal" al matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución simplemente no establece ese derecho.

Al declarar inconstitucional la sección 3, el Tribunal ha desconocido la amplia mayoría bipartidista de los miembros del Congreso que la votó en 1996. Es absurdo que el Tribunal sugiera que el Congreso no tiene el poder de definir el significado de las palabras en los estatutos que el propio Congreso ha promulgado. Al igual que los estados tienen la autoridad constitucional para establecer su propias políticas sobre el matrimonio, también el Congreso tiene la autoridad constitucional para aprobar una ley federal y para definir el significado de los términos que utiliza para los programas federales creados por la ley federal.

Cinco de los 9 jueces votaron por la derogación de la sección 3. El juez Anthony Kennedy expresó en representación de estos 5 jueces que en el caso "Estados Unidos vs Windsor", la Ley Federal de Defensa del Matrimonio es inconstitucional puesto que viola la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda. También se afirma que esa ley va en contra del principio de que todas las personas son igualmente libres «protegido por la Quinta Enmienda» de la Constitución.

El efecto práctico de la decisión es que el matrimonio entre personas del mismo sexo será reconocida en todas las instancias de la ley federal en materia de matrimonio. Las parejas del mismo sexo en los estados que han promulgado leyes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ahora recibirán los mismos beneficios federales que las parejas casadas. La decisión de ninguna manera socava las leyes de matrimonio en los treinta y ocho estados que han definido el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

La Proposición 8 de California

Los nueve jueces de la Corte Suprema también se pronunciaron sobre la Proposición 8, ley estatal de California que prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo en aquel Estado y que fue declarada posteriormente inconstitucional. En este caso, la Corte renunció a dictar sentencia al establecer que los defensores de la Proposición carecen de legitimidad para hacerlo, por lo que los casamientos entre homosexuales podrán volver a celebrarse en California. El caso llegó hasta el alto tribunal porque dos parejas defienden que el Estado de California les discrimina por su orientación sexual.

En el caso "Hollingsworth vs Perry", el Presidente del Tribunal Supremo John Roberts dejó sentado en su escrito que los ciudadanos de California carecían de legitimación para demandar en nombre de la Proposición 8, la iniciativa que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer en la ley de California.

La decisión del Noveno Circuito fue rechazada, dejando la decisión original de la Corte de Distrito . Esta decisión se aplica a sólo las dos parejas nombradas en la demanda (los defensores del mismo sexo se negaron a presentar una demanda colectiva), dejando el futuro de la política matrimonial de California en duda.

Lo que está claro es que la decisión no tiene nada que ver con las leyes de matrimonio en cualquier otro estado.

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