Legado de autoritarismo tras fallecimiento de Hugo Chávez

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Chávez ha dejado tras de sí una crisis general en todos los ámbitos de la vida de los venezolanos: un país empobrecido, dividido y con instituciones degradadas.

(ArgentinosAlerta.org) El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías falleció este martes 5 de marzo a los 58 años en Caracas donde se encontraba internado tras su cuarta operación en diciembre último, en Cuba.

A las 18.55 horas de Argentina, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció la noticia por cadena nacional: "Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. Ha fallecido el presidente de Venezuela".

Hijo de dos maestros de educación primaria y criado por su abuela paterna, Chávez creció en la localidad de Sabaneta (estado Barinas, oeste). Se casó y divorció dos veces, tenía cuatro hijos, dos mujeres y un varón del primer matrimonio, y una niña, del segundo, y tres nietos.

El 4 de febrero de 1992, Chávez junto a otros militares realizó un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, el cual fracasó.

En 1998 se lanzó a los comicios presidenciales con el apoyo del Movimiento Quinta República (MVR) y tras ganar se convirtió el 2 de febrero de 1999 en el en el 52º presidente de Venezuela buscando consolidar la llamada Revolución Bolivariana basada en el socialismo del siglo XXI.

Chavistas lloran la muerte de Hugo Chávez

El gran ego de Hugo Chávez fue probablemente su principal enemigo en la lucha contra el cáncer. Pudiendo haber sido tratado convenientemente cuando a comienzos de 2011 le fue detectada la enfermedad, prefirió jugar con la apariencia de alguien al pleno mando de su revolución.

Ajeno a quienes le llaman déspota, tirano o populista, se consideraba protagonista de una segunda independencia de Venezuela, cuya riqueza petrolera le permitió financiar millonarios programas sociales dirigidos a las clases populares. También le ha permitió forjarse un liderazgo en América Latina y el Caribe, vendiendo petróleo en condiciones preferenciales a países sin recursos energéticos y brindando pingües negocios a sus aliados.

Con su estilo irreverente, no tuvo reparos en «mandar al carajo» el ALCA, un acuerdo regional de libre comercio con Estados Unidos (2005), o en declarar al año siguiente sentir en el podio de la Asamblea General de la ONU un olor a «azufre» tras el paso del entonces presidente George W. Bush. Sin embargo, Chávez siguió enviando a Estados Unidos un millón de barriles diarios de petróleo.

El liderazgo de Hugo Chávez no va a tener sustituto en el populismo latinoamericano. Por más que se afanan en imitarlo, ni Rafael Correa ni Cristina F. de Kirchner, tienen el petróleo para comprar voluntades. Ni siquiera los sucesores en el chavismo estarán en condiciones de repartir barriles como Chávez ha hecho en los últimos años, porque el negocio se les está quebrando.


Hugo Chavez y Fidel Castro tras la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003

Incertidumbre y crisis

La muerte de Chávez abre un escenario de incertidumbre. Con la muerte se decreta «falta absoluta» del presidente y activa el artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela , que señala que tras la muerte (que es una falta absoluta) «se procederá a una nueva elección dentro de los treinta días consecutivos siguientes».

Chávez ha dejado tras de sí una crisis general en todos los ámbitos de la vida de los venezolanos, divididos y en lucha fratricida por el poder. Para comenzar, la economía precisa ajustes ineludibles, debido a su elevado déficit fiscal, inflación y deuda pública. La moneda ha sufrido recientemente una fuerte devaluación.

En lo político, la turbulencia ha impactado tanto en el chavismo como en la oposición. Mientras agonizaba, Chávez sirvió de amalgama a sus dirigentes y los cinco millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Sin embargo, su ausencia deja aflorar las profundas divisiones y enfrentamientos contenidos en la base del partido por la figura carismática del fundador.

Un legado de autoritarismo

Human Rights Watch ha denunciado que la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) estuvo marcada por una alarmante concentración de poder e indiferencia absoluta por las garantías básicas de derechos humanos.

El Presidente Chávez y sus partidarios desplegaron una estrategia de concentración de poder. Tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia y debilitaron la capacidad de periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos de ejercer sus derechos fundamentales.

Al inicio de su segunda presidencia, la concentración de poder y la erosión de garantías de derechos humanos permitieron que el gobierno gozara de plena discrecionalidad para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a venezolanos que criticaban al presidente o se oponían a su agenda política.

Chávez recibido en Trípoli por el entonces líder libio, Muamar Khadafy, y distinguido con un doctorado honoris causa en octubre de 2010

Ofensiva contra la independencia judicial

En 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, agregando 12 cargos a los 20 integrantes del tribunal, que fueron ocupados por partidarios del gobierno. El Tribunal Supremo, ahora integrado abrumadoramente por miembros leales al gobierno, ha dejado de actuar como contralor del poder ejecutivo. Sus magistrados han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado su compromiso con la promoción de la agenda política de Chávez. Este compromiso se ha reflejado en las sentencias dictadas por el tribunal, que han avalado una y otra vez la indiferencia del gobierno frente a los derechos humanos.

Ofensiva contra la libertad de prensa

Durante la presidencia de Chávez, el gobierno incrementó radicalmente su capacidad de controlar el contenido de los medios de radio, televisión y prensa del país. Sancionó leyes que ampliaron y endurecieron las penas previstas para quienes emitan declaraciones que “ofendan” a funcionarios públicos, prohíben la difusión de mensajes que “fomenten la zozobra en la ciudadanía” y permiten que el gobierno suspenda arbitrariamente canales de televisión, estaciones de radio y sitios web.

 

 

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