FALLO CORTE ABORTO

  • Una Corte Suprema disonante

    Por Esteban Ruiz Martínez

    (AA) “Soto una savia legge vo´che surgano a mille, a mille e genti e gregge, e case e campi e ville…” compuso Boito en su opera Mefistofele, inspirándose en la obra Fausto de Goethe. Fausto, cuando aparentemente estaba dispuesto a entregar su vida a Satanás por los placeres de esta vida, reacciona antes de su muerte y se aferra a sus valores evitando su condena eterna:

    Me siento con fuerzas para consagrarme a esta idea, que es el complemento de la sabiduría: sólo es digno de la libertad y de la vida aquel que sabe cada día conquistarse una y otra (…) Tampoco esta vez me asustas con tu rostro feroz y tu rabia por destruirlo todo. Tiene la humanidad fino el oído; una palabra pura inspira grandes acciones; conoce muy bien el hombre lo que le hace falta, y acepta o sigue con placer los consejos serios. Así, pues, me separo de ti, y no tardaré en volver triunfante”.

    Es así como uno de los clásicos de la literatura y también de la música clásica nos recuerdan la trascendencia de los valores en nuestras vidas.

    No ha de ser una ilusión que esta música suene en nuestro derecho y éste demuestre que no es ajeno a tan buenos deseos, dado que siempre ha abrazado los valores para guiar la redacción de las leyes y la sentencia de los jueces, salvo en períodos oscuros de nuestra civilización, donde las ideas desplazaron los valores humanos y justificaron genocidios.
    Nuestros constituyentes, guiados por la conciencia de estar formando un nuevo pueblo, establecieron en el preámbulo de la Constitución nacional: “…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”.

    Es muy fuerte la disonancia que ha producido el reciente fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación al admitir la licitud del aborto que realice la mujer que fuere violada.

    Fausto soñaba en una vida de libertad y bienestar general para todos, como una ley sabia, y Boito lo reflejó en su música llena de ilusión y esperanza.

    El derecho también ha de compartir tal objetivo: La sociedad sabe a qué normas desea someterse, pues nos recuerda Fausto que “tiene la humanidad fino el oído… conoce muy bien el hombre lo que le hace falta, y acepta o sigue con placer los consejos serios…”.

    Es evidente que el avance del derecho implica la incorporación de los valores a su contenido, donde su calidad radicará en poseer aquellos valores que lo hace más libre y vital.

    ¿Es acaso la muerte un valor a incorporar a nuestro derecho? ¿La muerte de quien aun no puede defenderse?
    Un derecho donde la vida humana no es un valor absoluto, no cabe engañarse, es un derecho de la muerte, vacío de sentido, que falto de guía deambulará produciendo daño y bien indistintamente.

    La vida es un derecho absoluto, indisponible; es un regalo que Dios y los padres le otorgaron a cada persona, y que está en manos exclusivas del mismo viviente en cuanto libre. Así, se sabe que nadie puede ser esclavo de otro, que cada persona es única dueña de su libertad, y entonces más aun de su vida, que es aquello que le permite ejercitar la libertad. Cada persona es la única administradora de su propia vida, sin que terceros puedan inmiscuirse y, menos aun, pretender disponer de lo que no le pertenece (art. 19 CN).

    La vida, llama sagrada y razón de la existencia, es la que constituye a las personas fácticamente como sujetos de derecho: una vez que la vida se apaga se extinguen los derechos de la persona, quedan aquellos derechos residuales que reconoce la legislación y la memoria de quienes la quisieron bien.

    Si no se protege la vida, el derecho pierde todo sentido ¿si el derecho no es para los vivos, acaso será para los muertos?

    Resulta incómodo recitar lo obvio, pero el reciente fallo lo ignora, instalando en la sociedad la disponibilidad de la vida de terceros mediante declaración jurada, abriendo la puerta al comienzo de otro genocidio: de los pequeños humanos (en su primer etapa llamados feto). Y lo más llamativo es que será un genocidio con motivo de un fallo contrario a la ley citada: la ley argentina protege la vida desde la concepción (El art. 70 del Cod. Civil declara que “desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas” y la Convención sobre los Derechos de los Niños, Ley 23.849, que expresamente define en su artículo 2: “…se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad” ).

    No cabe lugar a engaño, interrumpir la vida humana recién concebida es matar un niño, la ciencia y el derecho así lo ratifican. En otro orden, es suficiente demostración el pensar qué sucedería con ese niño, fruto de una violación, si lo dejamos nacer y crecer: cuán agradecido estará de haber continuado su existencia y festejar la vida con aquellos que no han corrido su riesgo de ser eliminados! Preguntémosle sino a la Sra. “Roe” del emblemático caso “Roe vs. Wade” 410 U.S. 113, que finalmente nunca abortó y finalizó su vida como antiabortista.

    Fallos como estos son un fuerte llamado de atención sobre la pérdida del sentido común y los valores en la sociedad, no solo en este país, sino en varios otros, donde el interés individual se impone a todo, aun a lo más importante y sagrado.
    Ante ello es procedente también preguntarse: ¿Qué deber de obediencia tiene el poder judicial frente a organismos internacionales que pregonan una cultura de la muerte? ¿Acaso sólo cabe defenderse del extranjero en cuestiones de soberanía económica y territorial?

    El derecho debe remontar la senda de los valores con la seriedad que estos requieren, incorporándolos en su plexo normativo y no expulsándolos, pues tarde o temprano se llorará sobre nuestra memoria, dado que “tiene la humanidad fino el oído… conoce muy bien el hombre lo que le hace falta, y acepta o sigue con placer los consejos serios. Así, pues, me separo de ti, y no tardaré en volver triunfante”.

    Esteban Ruiz Martínez es Abogado UBA, Magister en Derecho Empresarial Universidad Austral, Doctorando en derecho en la misma universidad.

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  • La arbitrariedad de la corte suprema

    Dr. Luis F. Ferreyra Viramonte

    (AA) Elegimos mal los argentinos al poner a la economía y finanzas por encima de los derechos y las leyes. Quizás ahora estemos sufriendo las consecuencias, por cuanto se aprovechan de nuestra ignorancia para cambiar nuestra cultura jurídica nacional.

    El fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva”; no significa -ni mucho menos- la ‘legalización del aborto’. Contiene severas contradicciones y gruesos errores jurídicos que ha producido profundas críticas que se están haciendo llegar desde los puntos más variados del país y por personas -y organizaciones- con mucha más capacidad que este autor y con las cuales coincido plenamente.
     
    Debo decir que resulta muy complejo traducir un fallo judicial a términos comunes que se entiendan. Pero siendo más una manifestación de la ‘ideología de género’ (o teoría de la ‘madre propietaria’, como preferimos llamarla) que una resolución judicial, muchos lectores -sin ser abogados- van a entender las críticas aquí planteadas.
     
    1.- En primer lugar, la Corte no tenía facultades para resolver. Como lo dijo el Procurador General de la Nación, la cuestión era ‘abstracta’ al momento de dictar la resolución; y ese Tribunal sólo interviene cuando hay perjuicio concreto y aquí no lo había. Se contradice con cientos de fallos en tal sentido (Fallos: al 298:33; 304:1649; 312:555; 318:2438; 323:3083 y 3158 entre otros).
     
    2.- Los ministros de la Corte, se basan en la premisa falsa que la ‘jurisprudencia’ puede cambiar la ‘ley escrita’ y, por lo tanto pueden cambiar a su antojo el Código Penal.
     
    Recordemos que los jueces no dictan las leyes y mucho menos las leyes penales (el aborto está penado por el Código Penal). Únicamente el Congreso de la Nación puede dictar leyes.
     
    La Corte contradice abiertamente el Principio Republicano de Gobierno previsto por la Constitución Nacional en el art. 1º, tan menos.
    Ése es un objetivo central para esta ‘ideología de género’ que, como todo totalitarismo, necesita darle más valor a ‘lo que dice el juez’, por que de esa forma -como está pasando- ante el caso concreto pueden imponer la ideología a su antojo, es decir utilizar al ‘género como herramienta del poder’, imponiendo el criterio personal por encima de la propia Constitución Nacional, que es la garantía para todos los ciudadano.
    Cuando  los jueces legislan, como en este caso, producen una sentencia arbitraria, es decir, una no sentencia. Una sentencia sólo es vinculante para las partes en un proceso determinado.
     
    3.- Dice la Corte que, según ella ‘interpreta’, el Código Penal de la República Argentina, permite el aborto ‘para todos los casos de violación’.
    El Código Penal no dice eso, por lo tanto, es una falacia o mentira.
     
    El artículo 86 inciso 2º del Código Penal, claramente dispone (sin reserva de ningún tipo) la no punibilidad SOLO para el caso en que el embarazo sea consecuencia de una violación cometido contra una mujer idiota o demente. Y “...la ley no puede constituir al Poder Judicial en fuente, aunque sea indirecta, de producción del derecho penal...” (Laje Anaya - Gavier, “Notas al Código Penal”, Marcos Lerner Editora Córdoba, página 45).
     
    Por lo demás, nos remitimos a las muy serias y responsables notas ya publicadas en estas páginas (ver, entre otras, opinión del Dr. Alejandro Freeland)
     
    4.- Pero resulta más grave y preocupante, que establezca en su resolución que la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" (o Convención de Belem do Para"), tiene ‘rango constitucional’.
     
    Otra falacia o mentira.
     
    No es cierto que tal convención tenga ‘rango constitucional’. Sólo lo tienen los Tratados sobre de Derechos Humanos enumerados en el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y que son: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño.
     
    5.- Contradicción con el principio de supremacía constitucional
    No es cierto que “las prácticas de solicitud de consultas y de obtención de dictámenes contravienen las obligaciones que el art. 7º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”

    Hasta donde hemos conocido (lectura del fallo) tampoco es cierto que el tribunal superior de la causa comprometió preceptos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de igual jerarquía al interpretar el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal (artículo 14, inciso 3º, ley 48)... puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional, tanto más si se tiene en cuenta que varios organismos internacionales se han pronunciado censurando, en casos análogos, la interpretación restrictiva del acceso al aborto no punible por parte de otras instancias judiciales...”
     
    Reitera la Corte que la ‘jurisprudencia’ creada por ‘varios organismos internacionales’ está por encima de la ley escrita argentina. Nuevamente pretende, además, decir que en materia penal, puede aplicarse la analogía.
     
    No es cierto, tampoco, que se haya comprometido preceptos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de igual jerarquía’.
     
    Y no es cierto porque, en primer lugar, el art. 86 inc. 2º del C. Penal, no puede tener otra interpretación posible que el texto concreto de la ley escrita.
     
    Tampoco, en este caso, se compromete a la República Argentina, ya que nuestro país sólo se comprometió a cumplir con el Tratado Internacional escrito, pero NO con la ‘interpretación analógica de organismos internacionales’. Una falsedad inadmisible.

    Por su lado, aún cuando fuera cierto -que no lo es- que se contradiga ‘preceptos’ del tratado internacional, raramente -otra vez- la Corte se expide en contra del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que expresa, por ESCRITO, que “la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer... en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía Constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.”
     
    6.- ¿Y si el feto fuera de sexo femenino?

    Pero aún asumiendo -lo que no es cierto- que el tratado contra la discriminación contra la mujer (“género femenino”) pudiera reformar el Código Penal (que no puede), nos enfrentamos a una posible paradoja jurídica: Si la ‘persona por nacer’ fuese de ‘genero’ femenino -art. 63, subsiguientes y concordantes del Código Civil- (que lo es, según los pactos internacionales firmados por la República Argentina, desde el momento de su concepción) -es decir mujer-, la violencia del aborto sería -entonces- absolutamente palmaria y contradictoria con lo afirmado por la Corte.  

     

     

    Desde el punto de vista médico -que no lo soy, aclaro- el aborto me parece absolutamente invasivo y violento contra la mujer. Es un hecho de la ‘experiencia común’ (como parte de la sana crítica racional) y que en el cual para nada influye el ‘consentimiento’.

    El proceso ideológico previo y la conclusión
     
    Cientos de miles de argentinos hemos asistido a un proceso ‘ideológico’ previo, sin advertir que hemos estado siendo sometidos a un intento de ‘cambio cultural’ profundo. En ese camino -sólo refiriéndonos a la célula base de la sociedad- se han destruido miles de familias, y miles de niños se han quedado sin poder tener contacto con sus padres biológicos.
     
    Me refiero a la ‘Ideología de Género’ que, entre sus objetivos más profundos, persigue la ‘construcción personal del sexo’ (Ley de Matrimonio igualitario) y, por el otro lado el concepto de ‘madre propietaria’ o ‘que la mujer es dueña de su cuerpo’.
    Lo curioso es que muchos abogados, empleados del Poder Judicial y gran parte de las gentes comunes que repugnan el aborto, se han enrolado -en una especie de ‘idiotismo jurídico’- en esta corriente que, “como toda ideología -a su debido tiempo-, desaparecerá... precisamente por su intrínseca falsedad...” (Scala, Jorge - “La ideología de género o el género como herramienta del poder” - Editorial Sekotia SL, Madrid, España - Página 9)
     
    Pero para terminar, debemos referirnos a que el acto jurisdiccional, entonces, no es válido; “...puesto que un pronunciamiento arbitrario y carente de todo fundamento jurídico no es sentencia... Es obvio -añadió la (propia) Corte- ‘que el primer requisito del amparo judicial de los derechos es que sea eso, precisamente, amparo judicial fundado en ley y en la prueba de los derechos formalmente producida. Una sentencia arbitraria es un mero hecho de arbitrariedad o un capricho del juzgador’” (CARRIO, Genaro - “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, página 38)


     

    NOTA: El presente artículo es un resúmen de otro mayor preparado por el autor del mismo, Haga clic aqui para descargar el artículo original

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  • San Luis dice que no hay obligación de acatar fallo de la Corte sobre aborto

    (Infobae) La presidenta del Superior Tribunal de Justicia puntano, Lilia Ana Novillo, afirmó que el fallo de la Corte Suprema que permite interrumpir los embarazos por violación no exige aceptar la resolución del máximo Tribunal ni obliga a los profesionales a realizarlos.

    "El respeto a la vida humana empieza desde la concepción en el seno materno, más allá de las reformas que están proponiendo", dijo Novillo, quien siempre se mostró en contra del aborto y ahora agregó que "no tengo conocimiento de que el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Salud haya hecho una reglamentación al respecto".

    Estas declaraciones seguramente generarán polémica, porque apuntan contra la determinación del máximo Tribunal, que consideró no punibles los abortos realizados en casos de violación. "Supongamos que ocurriera este hecho hipotético, nosotros no tenemos ninguna obligación de aceptar esto de la Corte", aseguró la magistrada.

    "Por suerte, en la provincia de San Luis, un médico que no esté de acuerdo en hacer el aborto, por su pensamiento, por sus creencias religiosas o morales, puede echar mano de una ley que acá existe, la de los objetores de conciencia, que no lo obliga a cumplirlo", aclaró Novillo.

    "No obliga a nadie y advierto que hay una situación que hay que resolverla que es qué pasa cuando se pide un aborto por causa de una violación", planteó la presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. "Yo estoy en contra del aborto por regla general", remarcó.

    La actual Presidenta del Superior Tribunal había encendido la polémica sobre el tema, cuando dijo: "No estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario pero esto es una cuestión personal".

    La magistrada ya había cuestionado la decisión judicial del máximo tribunal argentino porque, había señalado, "si es verdad que para pedir un aborto por violación sólo basta que se haga una declaración jurada, imagínense ustedes la cantidad de abortos legales" que se producirían.

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  • Córdoba: Suspenden la aplicación del protocolo para abortos no punibles

    (Aica) El juez en lo civil y comercial de 30a. nominación de la ciudad de Córdoba hizo lugar a una media cautelar interpuesta en un amparo por la Asociación Civil Portal de Belén.

    La medida dictada por el magistrado dispone "la suspensión de la aplicación de la resolución ministerial y la ‘Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles’, del 30 de marzo de 2012, emitida por el ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, para el supuesto allí previsto de ‘Procedimiento en caso de violación’, hasta tanto se dicte resolución en esta causa."

    La resolución fue notificada al gobierno de la provincia de Córdoba que deberá acatarla de inmediato suspendiendo toda aplicación del "protocolo" en los hospitales públicos.

    El Portal de Belén manifestó que el Protocolo para abortos no punibles es un verdadero desatino que permite terminar con la vida de un niño con sólo una declaración jurada que diga que la madre ha sido violada, y sin mediar denuncia al supuesto violador. Un país civilizado jamás puede permitir que la vida de sus hijos más débiles sea atacada de un modo tan desaprensivo valiéndose de una norma inconstitucional y contraria a la Convención de los Derechos del Niño y a los pactos internacionales suscriptos por la Argentina en la materia.

    Lamentablemente el Estado provincial ha seguido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en modo alguno resulta obligatorio y que fue dictado para un caso en particular. La Corte carece de facultades legislativas, de tal modo que no hay razón para seguir lo que ni siquiera fue un fallo, sino una opinión del alto cuerpo, pues el caso concreto se había tornado abstracto, ya que el niño había sido abortado dos años antes de la "sentencia" del Alto Cuerpo.

    El gobierno de la provincia desatendió regularmente otros fallos de la Corte en relación a temas como la no distribución de la píldora del día después, alegando que carecía de efecto para otros casos que el que motivó aquel fallo. Sin embargo ahora dice que debe seguir necesariamente lo que la Corte indica cuando se trata nada menos que del respeto a la vida de los más indefensos.

    A pedido del juez, el gobierno de la provincia deberá contestar dentro de los tres días un informe pormenorizado sobre distintos aspectos de la norma suspendida.

    Más información: Rodrigo Agrelo, tel. (0351) 155-314262.+

     

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  • El Colegio de Médicos de Salta se manifestó a favor de la vida

    (Aica) En el marco de las diversas amenazas a la vida que se viven en nuestro país, y por la reciente legalización de aborto en casos de violación, el Colegio de Médicos de la provincia de Salta difundió un comunicado dirigido a los legisladores nacionales, a las autoridades de los poderes provinciales y al pueblo de la provincia.

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  • La "Jurisprudencia" como fuente del derecho

    Dr. Luis F. Ferreyra Viramonte


    (AA) Entre los valores culturales y jurídicos de los pueblos americanos (incluyendo Estados Unidos y Canadá), se encuentra lo que se llama el ‘principio de legalidad’ que básicamente significa que “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”, contenido expresamente en la segunda parte del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este principio instituye a la ley como única fuente del Derecho.

     

    El principio pone en manos del Congreso de la Nación la responsabilidad de dictar esas leyes. Los jueces no pueden legislar ni ir en contra de la ley escrita.

    Al Poder Judicial, por su parte, solamente -en caso de conflicto- de ‘interpretar’ y ‘aplicar’ las normas; no ‘hacerlas’.

    El marxista italiano Antonio Gramsci (1881-1937) afirmaba que la cultura o el conjunto de valores de la sociedad mantienen primacía sobre la economía. Que la mayoría de los hombres tiene los valores comunes de su sociedad, pero no están conscientes de por qué sostienen sus puntos de vista o de cómo los adquirieron en primera instancia. De este análisis se desprendía que era posible controlar o dar forma al régimen a través del proceso democrático si se podían ‘crear los valores comunes dominantes de la nación’.

    Esto se puede lograr mediante la dominación de la cultura de un pueblo, un proceso que requería una fuerte influencia en su religión (en toda América, la Católica), escuelas, medios de difusión masiva y universidades. El método más prometedor para crear un régimen estatista en un ambiente democrático era, precisamente, a través de la conquista de la cultura. Conforme a este patrón, los movimientos marxistas en América Latina han sido encabezados por intelectuales y estudiantes, más no por trabajadores.

    El ataque no abarca solamente uno o dos componentes de la cultura, sino a todos.

    Es efectivo en un amplio frente que trata de redefinir toda la cultura en una nueva terminología, de manera que, de la misma forma que el catolicismo trata de ser redefinido por algunos teólogos, se transforma el arte, los libros son reinterpretados y los curriculums son reacondicionados. El impulso de la penetración cultural en América Latina es seguido por diferentes teóricos educacionales marxistas en escuelas y universidades.

    Resulta curioso que este ‘modelo’ de ‘colonización’ haya sido construido teóricamente por un marxista, pero perfectamente implementado por el neoliberalismo globalizante. Posiblemente ambos extremos tengan la misma madre.

    Para entender este fenómeno, requiere de la reflexión razonada de varios conceptos jurídicos y no jurídicos, que siempre han formado parte de los valores tradicionales de la Nación Latinoamericana.

    Con todas las críticas que ha merecido y pueda merecer, lo cierto es que el sistema republicano de gobierno elegido por los constituyentes (art. 1º de la CN), implica -entre otras cosas- la división del Poder Estatal en tres departamentos independientes que se controlan mutuamente y deben guardar equilibrio: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Graficándolo, es como una mesa de tres patas, en donde el Estado es la tabla y estos departamentos las patas que lo sostienen. Esto es un valor a destruir para cambiar la cultura.

    Lo que ‘dicen los jueces’ (es decir, la jurisprudencia), en nuestro sistema republicano, tiene el valor solamente para las partes en un juicio y ante un caso judicial concreto. Es la resolución jurídica y racional del conflicto.

    Sería imposible para cualquier ciudadano, conocer los cientos (sino miles) de resoluciones que dictan los jueces en todo el país. Ni siquiera es posible conocer los fallos de la Corte Suprema.

    Al conocimiento de la ley, habría que agregarle ahora, el conocimiento de lo que ‘dicen los jueces’.

    Lo que se pretende evidentemente con el proyecto de reforma al artículo 2 del Código Civil, es que la ‘interpretación’ que hagan los jueces de la ley, deba ser acatada por todos los argentinos.

    Insensiblemente esto ya se ha puesto en marcha con toda crudeza con el fallo por el aborto: La Corte Suprema, ha legislado que debe presentarse una ‘declaración jurada’ para matar un niño por nacer; pero deja impune las violaciones, o la obligación estatal de averiguación de la verdad real que es lo que debe hacer el Poder Judicial.

    Desde mi humilde punto de vista, los miembros de la Corte Suprema deben ser destituidos sin miramientos, pues han violentado el principio republicano de gobierno y, si son los ‘custodios’ de la Constitución y coherentes con sus resoluciones, han faltado gravemente a los deberes de su cargo. Es más: Han contrariado su propia ‘jurisprudencia’ que anula fallos por que los jueces legislan en los mismos. ¿Cómo debe entenderse, entonces, que se ponga a la jurisprudencia por encima de la ley escrita? Por que se necesita de un Poder Judicial servil a los intereses de los poderosos de turno.

    De aprobarse la reforma del art. 2º del Código Civil, una vez más los argentinos quedaríamos sometidos a los intereses de los económica y políticamente poderosos. Como siempre en nuestra historia reciente.

     

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  • Academia del Plata: deplorable sentencia de la Corte Suprema

    (AA) Reproducimos a continuación el dictamen de la Academia del Plata respecto del fallo de la Corte Suprema. Considera "deplorable" esta sentencia que "pretende transformar al niño ... en una cosa". El dictamen de la Academia enuncia numerosos preceptos que ponen de manifiesto la imposibilidad jurídica de aceptar la insólita doctrina del reciente fallo de la Corte Suprema.

     

    Dictamen de la Academia del Plata

    (Fallo de la CSJN que interpreta el art.86 inc.2° C.P. declarando no punible el aborto cuando se practique en una mujer que declare que ha sido violada)

    Ante la deplorable sentencia dictada por la Corte Suprema de la Nación en un juicio tramitado originariamente en la Provincia de Chubut, cuyo texto abre las puertas a una sistemática agresión contra la vida inocente, esta Academia del Plata considera una obligación elevar su voz para protestar enérgicamente por el grave atentado cometido por los jueces del Alto Tribunal contra el orden natural y normas de jerarquía constitucional que han sido avasalladas por ese pronunciamiento.

    El pleito había sido correctamente resuelto en las instancias ordinarias de la justicia de Chubut. Los jueces rechazaron el aborto solicitado por la madre de una joven embarazada, supuestamente violada, y ordenaron medidas tendientes a proteger al niño no nacido y a su madre. Recurrida la sentencia, el Superior Tribunal se expidió el 8 de marzo de 2010, revocó la sentencia de la cámara y autorizó el aborto a pesar de que la gestación se encontraba en el quinto mes.

    La defensoría oficial interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Sin embargo, a pesar de que la sentencia no estaba firme, y prescindiendo del efecto suspensivo de la apelación, la orden de matar el niño se ejecutó el 12 de marzo de 2010.

    Mucho después, el 4 de junio de 2010, cuando ya la cuestión era abstracta, y los agravios del defensor oficial que representaba al niño carecían de vigencia, el Superior Tribunal concedió el recurso extraordinario y elevó las actuaciones a la Corte Suprema.

    El Procurador General de la Nación, al expedirse el 11 de abril ppdo., dictaminó que, al haberse consumado el aborto que el recurrente procuró evitar con su recurso, resultaba “de aplicación la doctrina de la Corte según la cual, para el ejercicio de la jurisdicción, tanto originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta”. En tales condiciones, y con cita de abundante jurisprudencia, el Procurador General sostuvo que resultaba “inoficioso un pronunciamiento del tribunal en el caso” y que, por ello, debía declararse improcedente el recurso extraordinario.

    La Corte Suprema prescindió de ese inobjetable dictamen, que se ajustaba a una doctrina centenaria, y sin agravios actuales del recurrente dictó una sentencia en la que asumió atribuciones legislativas y virtualmente despenalizó el aborto en la República Argentina, alzándose así contra toda la normativa que ampara la vida inocente.

    Los límites de este dictamen impiden reseñar todas las transgresiones procesales, penales y constitucionales. Lo sorprendente es que el tribunal ha condenado a muerte, en los tiempos venideros, a innumerables niños no nacidos, pretendiendo, al mismo tiempo, erigirse en “garante supremo de los derechos humanos”.

    Lo más grave de la sentencia, sin lugar a dudas, es la afirmación de que el art. 86 inc. 2° C.P. no sólo está en plena vigencia sino que ampara con un manto de justificación la muerte provocada de los niños concebidos como consecuencia de toda violación. La Corte Suprema, a lo largo de su extensa sentencia, demuestra de esta forma que ignora la “ratio legis” del art. 86 inc. 2° C.P., expuesta con claridad manifiesta por la Comisión de Códigos del H. Senado de la Nación, en el dictamen expedido el 26 de septiembre de 1919, al proponer se agregara al proyectado código penal la excusa absolutoria prevista en dicha norma. En ese dictamen, la Comisión fundó su propuesta en doctrinas eugenésicas y racistas que se encontraban en boga, sin advertir sus adherentes que las mismas conducirían y servirían de sustento al régimen nacional socialista instaurado en Alemania a partir de 1933.

    Al auspiciar la no punibilidad de la interrupción provocada de la gestación practicada en una mujer “idiota o demente” que hubiera sido violada, la Comisión expresó que “era la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada..., nazca un ser anormal o degenerado” . Argumentó seguidamente sobre “el interés de la raza”, y se preguntó, citando doctrina española, “¿qué puede resultar de bueno de una mujer cretina o demente?”. En definitiva, la Comisión consideró que “es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervención facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza”[1]

    Con esos argumentos se introdujo en el Código Penal la excusa absolutoria que ahora, contrariando la “interpretación auténtica de sus autores”, se pretende extender a todo tipo de violación que, además no deberá ser acreditada en modo alguno y, por el contrario, facilitada por todos los agentes de salud, bajo amenazas penales que el tribunal formula contra quienes amparados en el claro sentido de la norma, se apongan al ya previsible holocausto prenatal.

    A pesar de los esfuerzos dialécticos que en sentido contrario formula el Tribunal, las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal resultan hoy inaplicables y manifiestamente inconstitucionales ante textos explícitos que amparan de modo irrestricto al niño por nacer. Lo notable es que la Corte Suprema, a través de su interpretación asimétrica que pretende transformar al niño, sujeto de derechos inviolables, en una cosa, con su pronunciamiento se aparta de una reiterada línea jurisprudencial según la cual “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional”, “derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

    Además de esa normativa con jerarquía constitucional, debemos destacar algunos preceptos que ponen de manifiesto la imposibilidad jurídica de aceptar la insólita doctrina del reciente fallo de la Corte Suprema:

    1°) La ley 23.849, cuyo art. 2°, al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, declaró que el art. 1° de ese instrumento internacional “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”. Con esta reserva, que el tribunal pretende esquivar con argumentos triviales, “en las condiciones de su vigencia”, la Convención adquirió jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.)

    2°) El artículo 3 de dicha Convención que textualmente expresa:

    “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

    3°) El art. 6 de la misma Convención que textualmente expresa:

    1. “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida.

    2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.”

    4°) La ley 26.061, sancionada por unanimidad el 28 de septiembre de 2005, reglamentaria de la Convención sobre Derechos del Niño, ratifica y amplía la salvaguardia integral de la vida inocente. Su artículo 2° declara que la Convención sobre Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia (es decir, desde la concepción), en todo acto, decisión o medida que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad. El mismo artículo cubre la defensa en juicio de los menores, reconociendo que tienen derecho a ser oídos, obviamente por intermedio de quien los represente, que deberá ser un curador, máxime cuando los padres pretendan de modo directo poner fin a su vida por medio del aborto.

    El art. 3° de la ley 26.061 puntualiza que se entiende por interés superior del niño “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”. El primero de esos derechos es, de acuerdo con el art. 8, el derecho a la vida.

    El citado art. 3 declara que se debe respetar la “condición de sujeto de derecho” que tiene todo niño, agregando en su parte final que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses del niño “frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.

    5°) El art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

    “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.”

    Pensamos que estas normas a las que el Tribunal resta significación, que podrían ser ampliadas con otras también de nivel constitucional, son suficientes para enmarcar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su ley reglamentaria n° 26.061 y en el art. 75 inc. 23 de la Constitución con relación a los derechos a la vida y a la salud del niño por nacer.

    Por imperio de esa normativa de jerarquía constitucional han quedado tácitamente derogadas todas las normas de nivel nacional, provincial o municipal que las contradigan. En el derecho argentino no es posible excusar y menos justificar ningún atentado directo contra la vida de un niño desde la concepción. En consecuencia, las excusas absolutorias del art. 86 del Código Penal, introducidas en su texto a propuesta de la Comisión de Códigos del Senado de la Nación en el informe expedido el 26 de septiembre de 1919, han quedado sin efecto a partir de la vigencia de las normas de jerarquía constitucional ya citadas.

    La derogación implícita o tácita constituye un principio elemental de la lógica jurídica en cuya virtud no pueden ser simultáneamente válidas dos normas contradictorias sobre la misma conducta. Rige siempre la última. En el caso de las excusas absolutorias del art. 86, aprobadas por la ley 11.179 que sancionó el Código Penal, y restablecidas en su texto original por la ley 23.077, es evidente que han perdido vigencia a partir de la fecha en que entraron en vigor las normas de la Convención sobre Derechos del Niño, con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.

    A partir de tales normas, queda constitucionalmente desautorizada la pretensión de considerar a la persona antes de su nacimiento como pars viscerum matris, es decir, como una simple víscera u órgano de la madre, equiparable a los riñones, el estómago o la vesícula. Así como estas partes del cuerpo humano no son sujetos de derecho, tampoco lo sería la persona humana en la etapa más temprana de su vida si fuera sólo una parte del organismo materno.

    Porque, en definitiva, el núcleo del problema radica en determinar si el embrión o feto en el seno materno, e incluso el concebido en forma extracorpórea, es o no persona humana.

    La respuesta afirmativa ya la había dado el Código Civil desde los comienzos de su vigencia. Pero ahora la dan en forma enfática las normas que hemos citado, especialmente las de jerarquía constitucional.

    A la luz de los criterios fijados en ellas, no puede controvertirse hoy, en términos jurídicos, que el derecho a la vida se extiende desde la concepción hasta la muerte natural. Cualquier discriminación que se intente, como la que efectúa la Corte Suprema en su lamentable sentencia, que deje sin protección penal la vida de los niños antes de nacer, resultará violatoria de los preceptos de jerarquía constitucional que hemos transcripto y de la igualdad consagrada en el art. 16 de la Ley Fundamental.

    La muerte provocada de modo directo de una persona inocente, carece de validez constitucional, resultando irrelevante que los afectados tengan una semana o tres meses de gestación, un año u ochenta años de vida. Todos tienen el mismo derecho a la vida.

    La Academia Nacional de Medicina, en su declaración del 28 de septiembre de 2000, ratificó su rechazo “a todo método que interrumpa el embarazo” y reclamó que no se niegue a los médicos “la libertad de actuar según el criterio de su conciencia ante situaciones que consideren reñidas con la ética”. Contrariando esta alta opinión médica, e incluso su propia jurisprudencia, la Corte Suprema retacea en esta sentencia la objeción de conciencia, imponiéndole, sin tener atribuciones, límites inadmisibles.

    El derecho a la objeción de conciencia –que obviamente asiste a los profesionales médicos y también a las autoridades de los establecimientos a las que se pretende obligar que actúen contra los dictados de su propia conciencia-, deriva de modo directo de los arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional y de las convenciones internacionales que amparan la libertad de conciencia. Nos referimos concretamente a los arts. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos estos instrumentos tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22. C.N.).

    Es difícil calcular cuantos niños no nacidos morirán como consecuencia de esta equivocada sentencia. La experiencia mundial, con cifras irrefutables, indica que la legalización de la interrupción provocada de la gestación genera un aumento exponencial del número de abortos. Los jueces del Tribunal han asumido una pesada carga ante Dios y la Historia.

    Buenos Aires, marzo 16 de 2012

    Eduardo Martín Quintana

    Presidente

     

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  • San Juan: el jefe de la Maternidad del hospital Rawson se declaró en contra de los abortos en caso de violación

    (AA) El médico José Luis Mainares dijo que si la paciente llega después de varias semanas y con un embarazo,"los médicos no podemos constatar que la fecundación es fruto de una violación". "Que venga Eugenio Zaffaroni a decirme que tengo que matar a un niño" dijo el jefe de la maternidad con referencia el juez de la Corte Suprema de la Nación.

     

    Entrevistado por SanJuan8.com, el jefe del área Maternidad del hospital Rawson, José Luis Maina, señaló que el diagnóstico de violación se puede producir sólo al poco tiempo de consumado el hecho. "Si a mi me llega el caso semanas después es muy difícil constatarlo" explicó. "Nosotros no podemos solucionar el tema de la violación, y quizá sea algo con lo cual la víctima tenga que vivir eternamente y para ello podrá pedir ayuda psicológica" informó.

    El profesional resaltó que si la paciente llega después de varias semanas y con un embarazo," los médicos no podemos constatar que la fecundación es fruto de una violación". Agregó que esta es una situación muy difícil para el médico. "Los médicos hacemos un juramento para procurar la vida, no para matar a nadie. Para la Justicia existe vida cuando el niño nace, la medicina es una ciencia activa y biológica, para nosotros hay vida cuando hay concepción" argumentó.

    Maina atacó el fallo judicial de la Corte Suprema de la Nación que habilitó un aborto tras una violación en Neuquén sin necesidad de intervención judicial. "Con esta decisión judicial nos han transferido el problema a los médicos: Que venga Eugenio Zaffaroni a decirme que tengo que matar a un niño, y que yo lo haga me convierte en tan culpable como él".

    El médico reconoció que en San Juan se hacen abortos, "pero yo no conozco a los colegas que los hacen". Pero aclaró que en 35 años de profesión, nunca fue una madre a pedirle que le haga un aborto a su hija.

    Para finalizar Maina informó que se constituirá un foro de Bioética en el que participarán profesionales del hospital, representantes de la Facultad de Medicina de la provincia, jueces, abogados y periodistas. "De ahí sacaremos una conclusión. Pero queremos aclarar que no nos ha llegado ninguna guía como dice el gobierno" dijo para finalizar.
     

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  • Frente Joven: El aborto es agresión, no una ayuda a la mujer

    (AA) Ante el pronunciamento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de un inminente fallo que sentaría jurisprudencia y podría ampliar los casos de aborto "no punibles", Frente Joven se ve en la necesidad de alertar que se estaría avanzando en decisiones a nivel jurídico y político que alejan aún más de la ayuda a las víctimas de violación: la madre, que es sometida a otro trauma aún mayor, como la muerte de un hijo, y el niño o la niña por nacer, que son desechados sin miramientos.
     
    No solo es preocupante el proceder del máximo tribunal de justicia de la nación, sino sobre todo la errónea visión que se está difundiendo sobre las consecuencias psicológicas que sufre una mujer víctima de una violación. Claramente, el aborto es una agresión, no una ayuda a la mujer violada.

    Para quienes trabajan de cerca con instituciones que brindan ayuda a las mujeres embarazadas víctimas de violación, como el Frente Joven, es muy importante la comprensión de la situación de la víctimas. Las mujeres violadas requieren ayuda, y la facilitación de la práctica abortista atenta contra la asistencia necesaria. Parte de la protección que es evitar el drama del aborto por medio de la contención psicológica, material y sanitaria. 
    No podemos agregar un mal a otro mal, por medio de la eliminación de un ser humano.

    a manipulación mediática de los casos de violación, a través de una búsqueda de sensibilizar a la sociedad para legitimar el aborto, ignora el aporte de la psicología, que advierte que no se puede solucionar un trauma con uno aún mayor; asimismo, la experiencia misma de las mujeres que encuentran en el hecho mismo de tener a su hijo, fruto de la violación, un acto de amor que le permite sanar la herida, y escapar de la espiral de violencia perpetrada por el violador. La mujer que da a luz, se comprende no ya como una persona ultrajada, sino como una persona valiosa, superior a su victimario, capaz de dar vida y dar amor.La manipulación mediática de los casos de violación, a través de una búsqueda de sensibilizar a la sociedad para legitimar el aborto, ignora el aporte de la psicología, que advierte que no se puede solucionar un trauma con uno aún mayor; asimismo, la experiencia misma de las mujeres que encuentran en el hecho mismo de tener a su hijo, fruto de la violación, un acto de amor que le permite sanar la herida, y escapar de la espiral de violencia perpetrada por el violador. La mujer que da a luz, se comprende no ya como una persona ultrajada, sino como una persona valiosa, superior a su victimario, capaz de dar vida y dar amor.

    a postura muy difundida de que el aborto es una respuesta válida para la víctima de violación desconoce los casos concretos y la opinión de los expertos que trabajan en el campo y día a día con la problemática. Además de sostener el sistema de sometimiento de los violadores (pues el niño y la niña por nacer ponen en evidencia el delito), abortar sin más es también ocultar la tragedia de la violación, que suele muchas veces acontecer en los círculos sociales cercanos.  
    Esta interpretación de la ley, en la práctica, lejos de quitar el drama de las mujeres violadas, favorece al violador, dejando su delito en segundo plano, sin necesidad legal dee punirlo.

    La verdadera respuesta a la tragedia de la violación está en la ayuda social, psicológica y médica a las víctimas. Recordamos el caso publicado en
    La Nación con fecha del 3 de marzo del corriente: la ayuda y el acompañamiento salvaron la de la hija y la madre. A través de un caso ejemplar, se manifiesta una dura realidad: muchas madres están solas porque en general fueron abandonadas por su entorno íntimo. Y son muchas las instituciones que al desamparo del estado y los medios, dan soluciones reales a esta tragedia. Con este fallo, el desamparo por parte del Estado sería aún mayor.

    Si esta visión inhumana que desestima la ciencia y la experiencia concreta se proyecta ahora a la Corte, y si esta falla en ese sentido, estaría creando un terrible precedente discriminatorio en el derecho argentino: la creación de dos categorías de personas, las deseadas, a las cuales les asisten todos sus derechos, y las no deseadas, que, al no tener siquiera derecho a la vida, no pueden tener ningún otro derecho.

    Desde el año 1994, en que se reformó la Constitución y se incorporaron con rango constitucional los tratados de Derechos Humanos, el art. 86 en cuestión pasó a ser sencillamente anticonstitucional, ya que establece excepciones a la vida que están expresamente prohibidas por normas de orden superior (Constitución y Tratados Internacionales de DDHH).

    Lo cierto es que el aborto es una nueva forma de violencia contra la mujer y un signo de deshumanización de la sociedad. La mayoría de las mujeres abortan por presión social, violencia o maltrato psicológico. Promover el aborto no es ayudar a la mujer sino perpetuar la violencia hacia ella.

    rente Jovenn
    , como tantas otras instituciones,,  procura una verdadera respuesta al drama de violencia hacia la mujer. Una sociedad democrática debe ofrecer soluciones amparadas en una visión humanitaria, sobre todo ante la cada vez más inhumana situación social que estamos viviendo. En este y en todo caso, el aborto destruye una madre y mata un hijo. Deja una herida en la mujer para toda la vida. Hay una madre y un hijo que proteger. La solución no tiene opción, es un deber de la sociedad:  Para proteger a la madre, hh
    ay que salvar a las dos vidas..

    ente Joven Frente Joven 
    es una coalición de jóvenes ciudadanos que tienen como agenda común la defensa de valores que consideran esenciales para la sociedad. Primordialmente, atienden a la Defensa de la Vida.
    Sus miembros provienen de más de 20 movimientos, diversas ONG y agrupaciones universitarias. Hoy en día, se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano; Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y San Juan, donde han replicado con éxito su propuesta de acción y se expanden sumando organizaciones juveniles en el todo el país.

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  • Permisos para matar

    Alejandro Freeland

    (AA) Dos noticias de la semana proponen una discusión tan interesante como compleja. ¿Tenemos permiso para matar a otro? Y, en su caso, ¿en qué condiciones, bajo qué requisitos y con qué límites ese permiso resulta operativo? Uno, el asalto al periodista Etchecopar y a su familia en su casa. Otro, la sentencia de la Corte sobre el aborto.

     

    Cuando decimos que existe un permiso, afirmamos que la conducta es legítima, es justa, no es contraria al Derecho. Así, hay algo de valioso en que una persona en situación de necesidad cause un mal por evitar otro mayor que lo amenaza: la salvación del interés preponderante resulta socialmente preferible y de allí el permiso. Y aunque nunca resulta valioso matar a otro, en situaciones de legítima defensa el Derecho prefiere y permite la salvación de la persona amenazada por la agresión injusta. En cambio, hay otros casos en los que el Derecho no expresa esa preferencia y aunque sin validar la conducta (que considera injusta), no puede castigarla o prefiere (elige) no castigarla. Excusa, perdona, se resigna, retira la pena; pero no autoriza, no permite, no justifica. La existencia de un permiso legal está mucho más clara, a mi juicio, en el primer caso que en el segundo.

    La familia Etchecopar fue sorprendida por tres delincuentes armados que ingresaron al hogar utilizando a su hijo de rehén. Un furioso enfrentamiento armado dejó, de un lado, heridos al periodista y a su hijo y, del otro, a un ladrón muerto y a otro herido. No parece dudoso que, al disparar, el señor Etchecopar actuó legítimamente en defensa propia y de su familia frente a los agresores. Lo hizo dentro de los precisos y exigentes límites que la ley impone. ¿Y cuáles son? Que se defiendan derechos o intereses individuales propios o de un tercero; que se conteste una agresión actual o se impida una inminente y no provocada; que se actúe para impedir o repeler la agresión y que la respuesta sea racional. Todo lo cual (a pesar de la cantidad de tiros, y porque fueron de ambos lados) parece presente en el caso Etchecopar. Si alguno de los requisitos no concurre, la acción defensiva se despoja de legitimidad, se convierte en un caso injusto que habrá que ver si perdonamos o eximimos de pena por alguna otra razón. Además, la ley reconoce una defensa privilegiada para algunos casos especiales, como el de “aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia”. En ellos se entiende que concurren los requisitos legales, salvo prueba en contrario. Etchecopar no actuó un injusto penal ni civil. Obró con permiso para matar.

    La Corte Suprema acaba de autorizar el aborto de cualquier mujer víctima de una violación, con la sola condición de que declare bajo juramento que el embarazo fue producto del delito. En rigor, sostiene que ello está permitido desde la sanción misma del Código Penal en 1921, y no entiende cómo es que cuestión tan clara pudo suscitar tanto debate y dudas por noventa años. La respuesta que se me ocurre, salvo extrema idiocia de abuelos, padres y nietos, es que la cosa no estaba tan clara. Y acaso sea porque el artículo 86 inciso 2º –que dice: “No son punibles” ni el médico ni la madre “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido por una mujer idiota o demente”– no otorga un permiso para matar, sino que retira o renuncia a la punición por otras razones.

    De esta sentencia, tan importante como polémica, me interesa comentar aquí sólo un aspecto. Y es que la Corte decide que esos casos “no son punibles” porque están amparados por un permiso legal (por una causa de justificación). Y ¿cuál es el permiso para matar que concurre en el caso? La Corte repite varias veces que la mujer tiene un indudable derecho (el de abortar cuando es violada) derivado del permiso que le otorga el artículo 86 inciso 2º del CP (justificación específica para el caso de violación).

    Los problemas que se plantean son varios. Cuando de matar a otro se trata, el legislador, precavido, ha limitado el permiso, por lo menos en la interpretación hasta ahora vigente, a las muy estrictas exigencias de las justificaciones específicas (fundamentalmente a casos de legítima defensa). Y en el supuesto del artículo 86 inciso 1º (aborto terapéutico, cuando existe grave riesgo para la vida de la madre) que algunos interpretan como un permiso, a criterios de necesidad con requisitos todavía más estrictos que el de esa justificación específica (a la situación de conflicto y a la ponderación de los males en juego, se le suma el consentimiento de la madre, y la intervención de médico diplomado).

    Pero el artículo 86 inciso 2º no prevé otros requisitos o límites más que la circunstancia de la previa violación –que según la Corte no debe ser comprobada sino sólo alegada bajo juramento–, la intervención de médico y el consentimiento de la paciente. Todas cuestiones ajenas o externas al sujeto pasivo de la acción que se afirma “justificada”. Su dignidad como persona y sus derechos no merecen mención o consideración alguna.

    No conozco, y tampoco advierto en la sentencia ni en la doctrina, buenas razones para considerar permitida la muerte de otro merced al ejercicio de un derecho de estas características y derivado de una autorización legal tan despojada de consideraciones respecto de quien sufre la injerencia que deriva en su muerte.

    Y tampoco encuentro en la sentencia esfuerzos argumentativos por señalarlos. Esta es una de las novedades que nos trae la decisión. Interpretación amplia del artículo 86 inciso 2º del Código Penal y, en consecuencia, ampliación significativa de permisos para matar. En mi opinión, nada que celebrar.

    Nota relacionada del autor:

    Alejandro Freeland es Profesor de Derecho Penal en UBA y Universidad Austral. Artículo publicado originalmente en Perfil.

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