FALLO CORTE ABORTO

  • "No puedo reconocer autoridad en quien defiende el aborto"

    (AA) En una entrevista realizada por el diario tucumano La Gaceta, el arzobispo de Tucumán, Monseñor Alfredo Zecca, sostuvo que en todos los debates que hoy enfrentan a la Iglesia con el gobierno, como el aborto legal, la ley de género, la muerte digna y la fertilización asistida hay algo en común: "no respetan la vida humana - que es el primer derecho del ser humano- ni el orden natural".

    En su alocución, monseñor Zecca dejó en claro que la ley positiva no puede estar por encima de la ley natural. "La vida es un derecho absoluto. ¿Y entonces por qué vale más la vida de un hijo querido que la que es producto de una violación? Porque si usted me dice que se puede interrumpir el embarazo en ese caso, está haciendo una discriminación: la vida de uno es distinta a la vida del otro. Esto es un disparate y yo no puedo reconocer autoridad a quien diga que esto es así. ¡Por más que sea la Corte Suprema de Justicia! Si no, caemos en pleno positivismo jurídico, quedamos sujetos a los jueces. ¡Tiene que haber una instancia racional!", reclama.

    "Hoy cualquier cosa es una construcción cultural. Por eso, hasta donde yo sé el género es un invento. ¿Qué necesidad tengo de decir 'todos y todas'? ¡Ya lo aclaró la Real Academia Española!, cuando digo 'todos' no estoy discriminando a nadie! Me parece que estamos entrando como en una obsesión, ¿no?", expresó Monseñor Zecca,

    Para contestar a todos los planteos de quienes están a favor de la ley del aborto legal, el arzobispo recomienda leer la presentación del documento del Episcopado Argentino titulado:

    La religión y la Patria

    Según lo afirma y lo demuestra con sus gestos, otro tema que lo ofusca sobremanera es el intento de eliminar los símbolos y las expresiones religiosas de las escuelas, como ocurrió en la provincia de Salta, a raíz de una disposición gubernamental.

    "Este país nació de la mano de la Iglesia Católica y esto lo tenemos que tener en cuenta sobre todo en el bicentenario. La religión ha ido acompañando la evolución de la Patria. Belgrano ganó la Batalla de Tucumán, encomendándola a la Virgen de la Merced. ¡No neguemos la historia!", advierte.

    Monseñor Zecca insiste en que hay que respetar la ley natural. "Es imposible una convivencia en una sociedad democrática y pluralista si no tenemos una ley que sea aceptada por todos y que no pueda ser patrimonio de ninguna confesión particular. Tiene que ser una ley racional y aceptada por todos", propone.

    "Y en última instancia, si perdemos la discusión en el Congreso de la Nación, no hay nada que justifique el aborto; ni la violación, ni que el feto viene con deformaciones. ¿Que quiere eliminar un embarazo porque tiene muchos hijos? Bueno, muy bien, entonces elimine al mayor. ¡Pero tiene 10 años! Bueno, al menos vivió 10 años ¿no? Claro, si lo llevamos al absurdo … todo puede ser. La mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Estoy de acuerdo. No le gusta el lunar que tiene ¡que se lo saque! Pero un hijo no es un lunar, es otra vida, distinta, con el código genético del hombre que será. ¿Que es un problema religioso? ¡Mentira! Es un tema de la biología y el que no lo quiere ver así es un ignorante", remata.

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  • Mons. Aguer: la Corte jamás se atrevería a castigar con la pena de muerte al violador

    (AA) En algunos países en los que, desde hace años, rige el acceso legal al aborto se vienen verificando movimientos de opinión e iniciativas dirigidos a aminorar, si es posible, los efectos funestos de semejante disposición. Tengo registros interesantes acerca de Italia donde crecen los objetores de conciencia que se niegan a intervenir aplicando la ley que permite el aborto desde 1978. Son ginecólogos y personal sanitario en gran número.

     

    Un reciente informe sobre la actuación de esa ley indica que los ginecólogos objetores, a nivel nacional en Italia, han pasado del 58,7% del 2005 al 62,2% en el 2006 y al 71,5% en el 2008 que son los últimos datos disponibles. A su vez los anestesistas paralelamente pasaron 45,7% de objetores al 52,6% y en cuanto al personal no médico pasaron del 38,6% al 43,3% siempre a nivel nacional.

    Pero en algunas regiones de Italia los ginecólogos que se niegan a eliminar a los niños por nacer se elevan hasta alcanzar el 85,2%, los anestesistas al 77,8% y el personal no medico al 87%. O sea que se van a ver en una dificultad porque no van a poder aplicar la ley precisamente porque ha evolucionado favorablemente la conciencia de aquellos que se dan cuenta que no han venido a ejercer esa profesión para matar.

    Este contexto difiere muchísimo de lo que ocurre en la Argentina porque allá, ciertamente, el aborto es una triste desgracia desde hace años pero comienza a esbozarse un retroceso, un retorno mientras que acá, nosotros, empezamos a acelerar el camino de ida.

    Y quiero referirme, precisamente, al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, refiriéndose a un caso particular que llegó hasta su altísima autoridad, ha realizado una interpretación en sentido amplio, laxista, del viejo Artículo 86 del Código Penal que no castigaba el aborto en el caso de una mujer deficiente mental que había sido violada.

    Hay una vieja disputa acerca de cual es el alcance y el sentido preciso de ese Artículo 86 del Código Penal y la Corte ha interpretado autoritativamente extendiendo esa no penalización del aborto a todo caso de violación.

    Claro, ahora el Presidente de la Corte dice que no se trata de favorecer la legalización del aborto pero aquí se está produciendo una jurisprudencia autorizada que va a ser aplicada en muchísimos casos. De hecho, entonces, hay que decir que la Corte ha concretado la no penalización del aborto en caso de violación.

    La Corte jamás se atrevería a castigar con la pena de muerte al violador pero sí está castigando con la pena de muerte al fruto de una violación, añadiendo a ese crimen horrendo que es la violación este otro crimen que es la muerte del inocente, porque de eso se trata la inhumación de una vida inocente.

    Y que esto es así se advierte por las reacciones que ha despertado este fallo con reacciones favorables en los grupos conocidos de abortistas, en aquellos legisladores de distintos partidos que incluso han presentado proyectos o se han manifestado a favor de proyectos para legalizar despenalizándolo el aborto.

    O sea que en la Argentina estamos de ida.

    Ahora bien, lo extraño es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle en contra de la Constitución. Alguno podrá pensar que no es la primera vez que lo hace pero este caso es particularmente significativo porque la Constitución, reformada en 1994, ha incorporado a su texto Tratados Internacionales que defienden el derecho a la vida desde el instante de la concepción y, además, las reservas que ha hecho la Argentina en distintas Conferencias Internacionales, aclara que se trata del niño por nacer desde el instante de la concepción.

    Entonces aquí hay algo muy extraño porque la Corte Suprema que es la encargada de custodiar la Constitución falla, en este caso, en contra de la Constitución. Lo que podría haberse propuesto en todo caso es declarar inconstitucional aquel viejo Artículo del Código Penal que, en los años ’20 del siglo pasado, haciéndose cargo de una mentalidad eugenésica que reinaba en la Argentina de la época, ha establecido eso de la posibilidad de que aborte una mujer deficiente mental violada. Ahora la Corte dice que no es necesario que sea deficiente mental sino que toda mujer violada puede recurrir tranquilamente al aborto.

    Bueno, pues esto es la Argentina, por desgracia esto es la Argentina: marchamos alegremente hacia el mundo del revés.

    Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata. Reflexión semanal de monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, en el programa «Claves para un mundo mejor» (17 de marzo de 2012)

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  • La Red de Familias Entrerrianas repudia el Fallo de la Corte Suprema de "(in)Justicia".

    (AA) Todos los que somos papás y mamás, hemos experimentado lo que es acompañar el crecimiento de un hijo, desde los primeros días de concebido hasta su nacimiento, observándolo en las ecografías, sintiendo sus "pataditas", viendo crecer la pansa, percibiendo su presencia. Por ésto, sentimos un profundo dolor al saber que vidas como éstas, son brutalmente destruidas en el seno materno, con el "supuesto amparo" de la Legislación Argentina.

     

    Todos los que hemos tenido información sobre procesos judiciales en causas por abuso o violación; conocemos lo extensos que resultan en el tiempo y el sin número de pruebas que se exigen para condenar al imputado. Por tanto, nos indigna que paradójicamente se resuelva con tanta celeridad y precipitación, la pena de muerte aplicada a un bebé indefenso e inocente.

    Todos los que día a día promovemos la vida mediante acciones concretas y cotidianas, haciendo conocer esta postura a nuestras Autoridades, por diversos medios; consideramos que NO PUEDE HABLARSE DE JUSTICIA, cuando arbitrariamente se desatiende la voluntad de miles de argentinos.

    Máxime sabiendo que mientras muchos niños son abortados, existen también muchos matrimonios de nuestro país que esperan anhelantes e infructuosamente la posibilidad de adoptar un hijo que nunca llega; dando que en vez de ofrecerles ésta posibilidad, unos pocos deciden la mutilación y eliminación de los bebés para luego arrojarlos en un tacho de basura.

    ¡¡¡ENTRERRIANOS Y ARGENTINOS QUE AMAMOS LA VIDA, SIGAMOS ADELANTE CON NUESTRA LABOR!!!

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  • Corte Suprema: otra burla más

    Elena Olivieri

    (AA) No encuentro otra clasificación para el bochornoso fallo de la corte. ¿A quién se supone que está protegiendo este fallo? A las dos víctimas, no. Al niño no nacido no lo protege porque lo mata, más allá de todas las declaraciones huecas que hacen sobre los derechos del niño.

     

    ¿Tanto discurso para justificar sus conciencias? Si realmente creen que todos los niños sin diferencia de raza, religión, nivel social tienen derechos inalienables, entonces están segregando por la forma de haber sido concebidos: es discriminación. ¿Porqué no salió el INADI a denunciar el fallo como discriminatorio?. Estos niños y niñas, estos todos y todas ¿no son sujetos de derechos?.

    A la otra víctima, la adolescente tampoco la protege. Los medios frente a casos de violación recomendaban con énfasis la denuncia del hecho, y me parece muy bien. ¿Qué pasó ahora? ¿Para evitarle a la adolescente el dolor de revivir lo pasado no le exigen la denuncia? ¿Y antes? ¿No tenían que sufrir revisaciones médicas por demás humillantes? En este caso, la prueba del embarazo es más que contundente. El ADN de la criatura es prueba irrefutable.

    Si no lo denuncia está expuesta a sucesivas violaciones, sobre todo en casos en que el violador integra el núcleo familiar. Y si es una violación producto de un ataque de un desconocido, no ayuda a las otras posibles víctimas no realizar la denuncia. Si queda suelto, volverá a hacerlo.

    ¿A quién protege entonces?: ¡al violador!. Frente al daño hecho a una inocente se castiga a otro inocente y de la peor manera, negándole la posibilidad de vivir.

    Según el fallo el crimen parece ser el embarazo no la violación, y el criminal es el no nacido.

    Una jovencita violada en su núcleo familiar, sin decir nada, sin denunciar, pide que le hagan un aborto. ¡Parece sugerido por el violador! Nadie se entera, y puede seguir violándola.

    El dolor, la humillación, el daño psicológico que sufrió y seguirá sufriendo (porque continuará violándola) ¿se soluciona con el aborto? Al contrario le suman más dolor, más humillaciones, más daño psicológico. ¿Y a todo esto, el violador, qué?

    ¿Nos toman por tontos?

    Más allá de que abre la puerta a un sinfín de abortos de violaciones no comprobables. Cuantos niños más morirán anónimamente. Cualquiera, mujer, por supuesto, va dice me violaron y sin más… ¿aborta? ¿Y si no fue de una violación?¿Y si el padre quiere que nazca? Él también tiene derecho sobre su hijo.

    Es decir, en pocas palabras: se despenalizó el aborto.

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  • Declaración Pública del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: "errónea decisión de la Corte"

    (AA) El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en una causa de violación de una joven por su padrastro y en el cual la madre se sometió a un aborto, cuanto menos, constituye un precedente jurisprudencial equivocado y preocupante.

     

    Evitando recurrir a argumentos de índole moral o religioso, cabe precisar las severas discrepancias que este pronunciamiento suscita desde el punto de vista legal como constitucional.

    No es propio del Máximo Tribunal asumir el ejercicio de competencias atribuidas constitucionalmente a otro Poder del Estado, ya que en su intromisión resta posibilidad al debate público en el ámbito que en la República corresponde.

    Es al Congreso de la Nación, el espacio institucional al que la Constitución ha asignado la tarea de legislar.

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder judicial, en cambio, tiene a su guarda y custodia la Constitución porque en ella se consagran los derechos y se establecen sus garantías. Sus fallos deben dictarse en un caso, con alcance individual y sin asistirle aptitud para extender sus efectos con carácter general.

    La sentencia indicada, extralimita la potencialidad interpretativa respecto del Código Penal. Al elucidar cuál es punible de todos los abortos cuyos embarazos sean consecuencia de una violación vulnera el limite que resultaba válido hasta el presente referido a aquel que se infrinja sobre una mujer discapacitada.

    Esta circunstancia se ve gravemente potenciada a poco que se advierte que la Corte Suprema, por unanimidad de sus miembros, se pronunció en una causa individual que había devenido abstracta al momento de dictar su fallo: el aborto ya había sido practicado por orden de la sentencia pronunciada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.

    Resulta, pues, sorprendente que la Corte Suprema haya sostenido que todo caso de violación convierte al aborto en no punible. Más aún, advertir el carácter operativo que asigna a su resolutorio al liberar al médico interviniente de la necesidad de exigir una autorización judicial para la realización de abortos, no punibles, en casos de violación o al establecer que no deben exigirse ni denuncia ni prueba de la violación, frente a la sola exigencia de una mera "declaración jurada”, por toda formalidad. Incluso al plantear para los hospitales la obligatoriedad de prestar el servicio y “la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales” por parte de los médicos, cuya objeción de conciencia, además de discriminarse, se retacea al solo momento en el que los hospitales adopten los protocolos de procedimiento para tales circunstancias.

    En los considerandos del pronunciamiento de la Corte, se advierte una valorización extrema de los derechos de la madre violada por sobre toda tutela de la vida del niño por nacer como también de sus derechos. Al hacerlo los tratados internacionales suscriptos y ratificados por nuestro país en la materia y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional, han sido menoscabados. En este caso, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.

    El Directorio

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  • Los fallos de la Corte Suprema no son ley de la Nación

    Por Gabriela Quadri

    (AA) Sobre el fallo en causa "FUENTES AURORA LUISA s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", Exp. 259/10, 13/3/12. Que los jueces, tribunales, Cortes provinciales y la Corte de la Nación dictan fallos injustos no es novedad para nadie. Por lo tanto, lo sucedido el 13/3/12 en la causa 259/10 (CSJN) no debería sorprendernos, más allá de que algún medio lo califique de "histórico".

     

    Histórico será el día que en nuestro país se haga justicia, en vez de seguir utilizando el aparato judicial para cometer las mayores injusticias.

    Lo que hoy necesitaba el país es que algún juez le haga justicia a las víctimas de la corrupción y de la inseguridad. Lo que hoy necesitaba el país, para tener una jornada realmente histórica, es que se le ponga fin a la vergonzosa actuación de Oyarbide en el poder judicial y que se resuelvan con justicia, las causas, Shocklender, TBA, Jaime, Boudou, Ciccone, y tantas otras. Pero como nada de eso "histórico" iba a suceder, para que hoy no se hable de Moreno, de los periodistas "nazis", del vice, de los jueces amigos, de los trenes, etc. no tuvieron mejor idea que sacar a la luz un fallo que hace meses esperaba su oportunidad de recordarnos a los argentinos que caemos en picada hacia la muerte.

    El fallo de la Corte no es ninguna novedad. Hace mucho que sabemos cómo está integrada la Corte y qué piensan sus miembros (designados por propuesta del Poder Ejecutivo), sobre todo en materia de complacer a Naciones Unidas, (OMS) Organización Mundial de la Salud (ambas citadas en el fallo) y otras organizaciones internacionales en su deseo de llevar a cabo la eliminación de niños argentinos.

    ¿Cuál es el valor del fallo de la Corte?

    Lo importante para tener en cuenta es que en nuestro sistema judicial el fallo de la Corte Suprema es aplicable exclusivamente al caso concreto que resuelve y no es extensivo a otros supuestos. El fallo no es obligatorio para quienes no son partes de ese juicio. Tampoco es de aplicación obligatoria para los jueces inferiores.

    Concretamente el fallo, además de justificar un asesinato sucedido hace unos 2 años, exhorta a las autoridades, y en general diría yo a la población toda, a practicar abortos.

    Las preguntas serían:

    • ¿Puede la Corte Suprema de Justicia, exhortar a la sociedad a actuar en contra de la ley?
    • ¿Puede la Corte Suprema de Justicia, exhortar a la sociedad a actuar en contra de su conciencia?
    • ¿Esa exhortación que hace la Corte Suprema, es obligatoria para alguien?

    A todos estos interrogantes la respuesta es NO.

    La Corte brinda una argumentación para fundamentar su decisión. El resto, la exhortación, las aclaraciones (lo que en derecho llamamos obiter dictum, es decir todas aquellas consideraciones que no son estrictamente necesarias para decidir en una causa pero que los jueces desarrollan para expresar con mayor amplitud su pensamiento sobre el tema), no surten ningún efecto sobre la causa en sí ni sobre la legislación vigente.

    El valor que tiene un fallo de estas características es servir de precedente jurisprudencial que será citado sin dudas, por todos los jueces que en sus fallos resuelvan avalar las prácticas abortivas. Además, se trata de una anticipación a cualquier asunto similar que en el futuro uno quiera llevar al tratamiento de la Corte.

    La Corte da a conocer y anticipa cual será su respuesta ante casos similares, pero obviamente esto será así siempre y cuando se mantenga la misma composición en cuanto a sus miembros y que no haya cambios sustanciales en la legislación vigente.

    Pero en ningún caso, el dictado de este fallo de la Corte Suprema, modifica los procedimientos que se vienen utilizando frente a las solicitudes de abortos de mujeres o sus familiares, ni modifican la ley aplicable.

    ¿Cuál es el mensaje que se ha tratado de transmitir desde los medios de comunicación?

    Evidentemente los medios de comunicación han tratado de instalar en la sociedad la convicción de que el aborto ha sido aprobado, y la mayoría del público parece haberlo entendido así. La complicidad de los medios ha llevado a muchos a pensar que ya ni la ley ni los jueces tienen algo que decir al respecto. Sin embargo, como ya dije, la ley no ha cambiado y es de esperar que abogados y jueces sigan aplicando correctamente nuestras normas, que continúan siendo provida más allá de lo que puedan afirmar con razonamientos equívocos los miembros del Supremo Tribunal.

    Conclusión

    El art. 86 del Código Penal no ha sufrido modificaciones. La Corte Suprema con su actual composición (proabortista) ha hecho una interpretación de esa norma, pero esa interpretación de ningún modo es obligatoria para los particulares, ni para otros jueces. Ni aún es obligatoria para la misma Corte, que en un futuro podría sin inconvenientes modificar su criterio.

    La información transmitida por la mayoría de los medios de comunicación demostró la intención de imponer en la sociedad la creencia de que el aborto ha sido despenalizado para el caso de violación, sin aclarar debidamente los reales alcances que tiene el fallo de la Corte.

    Este hecho recuerda el tratamiento que se le dio a la noticia del falso dictamen de la Comisión de Legislación Penal, ocurrido a principios noviembre del año pasado, donde también se trató de engañar a la sociedad sobre un avance de los abortistas que en la realidad no existía. (Claro que la maniobra fue tan burda que a las 24 horas tuvieron que informar la verdad, no obstante lo cual muchos aún hoy siguen creyendo que ese dictamen existe).

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  • Fuerte cuestionamiento del Colegio de Abogados de Tucumán al Fallo de la Corte

    (AA) La Comisión de Derecho a la Vida del Colegio de Abogados de Tucumán considera que la sentencia del tribunal es política y no jurídica. Ha instituido la pena de muerte sin juicio previo al niño inocente no nacido en un intento de instalación del “aborto sentimental”. Calificó la sentencia como: contraria a derecho, inconstitucional, discriminatoria, antijurídica, repugnante al sentido de justicia, contradictoria, agraviante para los derechos de la mujer, lesiva al interés nacional, agraviante al sentimiento de nacionalidad argentina y como un atentado contra el estado de derecho.

     

    DICTAMEN DE LA COMISION DE DERECHO A LA VIDA del Colegio de Abogados de Tucumán a la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina - Fallo 259- 13-03-2012. Dictada en los autos: “FUENTES AURORA LUISA s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA".

    El fallo 259/12 de la C.S.J.N. del 13/03/12 es contrario a derecho porque ha instituido la pena de muerte sin juicio previo al NIÑO INOCENTE NO NACIDO en un intento de instalación del “aborto sentimental”.

    La sentencia:

    Es inconstitucional: Desconoce la protección que nuestra Const. Nac. incorporó a nuestro ordenamiento jurídico a partir de la reforma de 1994, protegiendo el fundamental derecho humano a la VIDA de TODO ciudadano argentino (nacido o por nacer), a través de la incorporación de instrumentos internacionales al rango constitucional [1], y desconociendo innumerables disposiciones de Tratados Internacionales y legislación Nacional, tales como los Códigos Civil y Penal.

    El fallo viola abiertamente la Convención de los Derechos del Niño (Ley 23.849) y la Ley 26.061 cuando establecen que cuando existe un conflicto de derechos, en todo caso se debe hacer prevalecer el interés superior del niño. Desconoce además la manifiesta contradicción entre todas estas normas nacionales e internacionales con la vigencia de las excusas absolutorias previstas por el art. 86 inc 1 y 2 del Código Penal Argentino [2], las cuales han quedado derogadas tácitamente por una norma posterior y de carácter superior (Constitución Nacional de 1994 frente a Código Penal de 1921.

    Es discriminatorio y viola la IGUALDAD ante la ley: porque discrimina entre niños deseados, a quienes reconoce la calidad de persona y su derecho a vivir y niños concebidos en circunstancia de violencia o no deseados, negándoles a estos bebés el derecho a nacer. Además es lesiva del derecho de igualdad ante la ley (art.16 de la Const. Nacional) pues la persona por nacer, sin importar sus cualidades o accidentes, menos aun la causa de su concepción, tiene derecho a crecer en su ambiente natural como es el seno materno.

    Es antijurídica, pues desconoce la naturaleza jurídica del aborto, transformándolo de delito en “derecho humano de la mujer”, en detrimento del primer derecho humano del niño indefenso.

    Repugna al sentido de JUSTICIA: al negar el derecho a la Vida de una persona única e irrepetible. La vida del niño por nacer se convierte en una cosa destruible por la sola voluntad de la madre. Es decir deja de ser inviolable. La Corte promueve la muerte de todo niño no nacido por la sola causa de su concepción violenta, instruyendo al Poder Ejecutivo Nacional la ejecución “sanitaria” del mismo y negando cualquier reclamación judicial.

    Es contradictorio ya que aunque menciona el principio del in dubio pro homine (considerando 17), no lo aplica a la persona por nacer y sus derechos, asumiendo una interpretación que contradice dicho principio al negar vigencia real al derecho a la vida del niño por nacer.

    La sentencia es política y no jurídica. La Corte falló in abstracto, o sea que ya el niño había sido ejecutado, lo que manifiesta que actuó con premeditación y con la firme intención de viabilizar y hacer efectivos los protocolos de atención de abortos del Ministerio de Salud de la Nación y demás políticas pergeñadas desde el I.N.A.D.I. y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -organismos dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación- en connivencia con éstos: actuó políticamente y no jurídicamente, desconociendo así el principio republicano de independencia de poderes.

    La corte además avanzó indebidamente sobre la facultades y poderes del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo al arrogarse la potestad de promover acciones, protocolos y procedimientos para garantizar la aplicación del crimen abominable del aborto en los mal llamados “aborto no punibles”.

    Es agraviante para los derechos de la mujer, pues le propone el aborto como única solución ante el hecho de la violación, sin medir los daños físicos, morales y mentales que ocasionará a la madre cometer un aborto: el síndrome post-aborto. Sin considerar que el aborto no la hará olvidar el trauma de la violación. Al mismo tiempo, el violador resulta manifiestamente favorecido, ya que la propia Corte aconseja no judicializar la cuestión y tener por acreditada la violación con una simple declaración jurada de la peticionante. O sea que, sin denuncia, el violador quedaría libre para seguir atacando.

    Incita a invertir ingentes sumas de dinero en el sistema sanitario argentino para matar bebés en el vientre materno; en vez de invertir esos recursos en dar apoyo a tantas y tantas mujeres que tienen embarazos conflictivos, a fin de que puedan llevar adelante los mismos, y, llegado el caso, si al dar a luz no pudieran criar a sus hijos, darlos en adopción.

    Adviértase la notable desproporción de los valores en conflicto: Supuesta mejor o peor salud de la madre vs. vida o muerte del hijo.

    Lesivo al interés nacional, pues persigue el cumplimiento de una agenda internacional encaminada a la aceptación y promoción del aborto como medio de aparente solución de un problema, cuando resulta a todas luces evidente que nunca se puede solucionar absolutamente nada condenando a muerte a un inocente y dejando libre al violador.

    Agravia el sentimiento de nacionalidad argentina: pues cada  niño que muere por aborto es un argentino que muere sin haber tenido la oportunidad de conocer y servir a su Patria.

    Atenta contra el Estado de derecho: Un estado en el que la vida vale según quién la reclame, en el que la vida deja de ser un bien jurídico inviolable e inalienable, no es Estado de Derecho. El derecho deja de existir. Y un pueblo sin derecho es un pueblo condenado a perecer.

    Comisión de Derecho a la Vida del Colegio de Abogados de Tucumán.

    [1] Convención americana de derecho humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” art. 1,2,3,4, aprob, por Ley 23.054; Convención de los derechos del Niño, aprob, por Ley 23.849; ambos instrumentos incorporados al bloque de constitucionalidad en la reforma de 1994 en el art 75, inc 22 de la C.N.;

    [2] Ver Dictamen de la Academia nacional de Cs. Morales y Políticas sobre las excusas absolutorias del art 86 del código penal, aprobado en la sesión privada del 26/11/2008; el Aborto en el derecho positivo argentino, R. Bach de Chazal editorial El Derecho UCA – 2009, pag.170-186

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  • Un fallo limitado y anacrónico

    Por Pablo Yurman

    (AA) En un fallo reciente la Corte Suprema reinterpretó los alcances del artículo 86º del Código Penal relativo a los abortos no punibles, es decir, los contados casos que no alteran el principio general según el cual el aborto (entendido como muerte deliberada de una persona por nacer) sigue siendo un delito grave. Consideró el tribunal que debe entenderse incluido el aborto que se practique cuando el embarazo fuera producto de una violación contra cualquier mujer, incapaz mental o no.

    Mientras se escribían estas líneas, el fallo cosechaba elogios entre los grupos feministas y abortistas y el grueso de los habituales personajes “mediáticos” (quienes en su carácter de improvisados formadores de opinión suelen aplaudir dócilmente todo lo que se intuya “moderno” o “políticamente correcto”), pero casi ningún respaldo de asociaciones que agrupan a médicos, abogados y jueces.

    Sin entrar en tecnicismos que aburrirían a los lectores, deben destacarse, sin embargo, algunos aspectos salientes de la decisión del máximo tribunal, con una previa aclaración: sus miembros no son infalibles y sus decisiones son pasibles de críticas fundadas y respetuosas. De lo contrario, caeríamos a una especie de “juridicismo” es decir, conferir a un órgano técnico del derecho la facultad omnipotente de poner fin a los debates éticos de una sociedad, finalidad esta última para la cual no necesariamente poseen sus integrantes más virtudes que los cuarenta millones de argentinos. Al respecto, preocupa la aseveración de algunos para quienes los fallos serían una suerte de dogmas laicos, indiscutibles y definitivos, lo que parece incompatible con una democracia pluralista y participativa.

    Un aspecto llamativamente deficitario de la decisión de la Corte es que puestos sus ministros a analizar el alcance del artículo 86º inciso 2º del Código Penal, norma de data de 1921, omiten todo análisis de los debates parlamentarios que entonces tuvieron lugar en el Congreso y que muchas veces, como en este caso, brindan claves para entender el real alcance del dispositivo de excepción. Ese debate parlamentario es claro para quien se tome la molestia de analizarlo desprejuiciadamente, sobre todo en que la excepción que se introdujo como aborto no punible, tomándola del Código Penal de Suiza, reconocía una finalidad eugenésica. Por eso quedó afuera la posibilidad de un aborto no punible en casos de violación contra cualquier mujer que no fuera mentalmente disminuida y sí, en cambio, el practicado sobre una mujer con discapacidad mental. Por eso durante noventa años cualquier estudiante de la carrera de abogacía ha estudiado este supuesto como “aborto eugenésico”.

    La llamada “tesis amplia” no logra dar cuenta del motivo por el cual el texto no dice, directamente y sin tantos giros gramaticales, que el aborto no punible lo es cuando el embarazo proviniese de una violación.

    Lo anterior habilita a calificar al fallo de limitado en cuanto a la pobreza de análisis en sus considerandos, y a ello se podría agregar su caracterización como anacrónico, en el sentido literal de algo fuera de tiempo. Ello por cuanto si bien se reconoce que en estos casos existe un evidente conflicto de intereses (o de derechos) representado, por un lado, por el derecho a la libertad de la mujer embarazada, y por otro lado, el derecho a la vida de la persona por nacer, omite sin embargo toda reflexión en torno a este último.

    En síntesis, el niño por nacer es “ninguneado” por el tribunal y no se arrima un solo parecer sobre los avances científicos a todo nivel (médico, biológico, genético, etc.) que desde 1921 hasta el presente se han verificado en esta materia.

    Esto no deja de ser sumamente paradójico. La humanidad cuenta hoy con la mayor cantidad de herramientas científicas de que se tenga memoria, desde técnicas de ultrasonido, pasando por imágenes ecográficas, hasta el mapeo de genoma humano, y en cambio se prefiere dejar el debate acerca del comienzo de la vida humana, de innegable repercusión en estas cuestiones, para “más adelante”.

    ¿Es ésta una solución?

    Más allá del fallo, cabe preguntarse si abortar al niño concebido y aún no nacido soluciona algo en casos como estos. Casos gravísimos desde todo punto de vista, pero en los cuáles el culpable es claramente el violador y no el niño por nacer.

    En primer lugar, hay que ser claros al afirmar que el embarazo producto de una violación supone la existencia real de un nuevo ser humano, que es persona desde su concepción (así lo reconoce el mismo fallo analizado) y que no debe cargar sobre sí con las culpas del violador, verdadero responsable del drama ocasionado a la mujer embarazada.

    En segundo lugar, ante un hecho tan grave como una violación el deber primordial a cargo del Estado, entendido éste como garante de los derechos de los ciudadanos y titular del monopolio de la administración de justicia, radica en la persecución de quienes con su conducta han delinquido, vulnerando los derechos de un tercero.

    Llamativamente, la publicación del fallo de la Corte provocó algarabía en los abortistas, y en otro colectivo social: los violadores seriales, que a partir de ahora gozarán de una mayor impunidad toda vez que la ira social que el horrible hecho delictivo genera se apaciguará con la inmolación del chivo expiatorio más indefenso y por tanto, perfecto, que es la criatura no nacida.

    En tercer lugar, el afirmar que ante casos como el que analizamos debe respetarse la vida de la persona por nacer hasta su nacimiento no significa en absoluto desentenderse del drama psíquico y afectivo que habrá de sobrellevar la mujer que ha sido víctima de la violación.

    Muy por el contrario, como contracara de la “solución” que algunos ven en la eliminación de aquella vida inocente, la comunidad debe hacerse cargo de la situación, pero procurando un acompañamiento efectivo de la mujer, al tiempo que se garantiza el derecho a la vida del no nacido.

    Pablo Yurman es abogado y docente universitario. Publicado originalmente en ElCiudadanoWeb.

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  • Débiles reacciones de gobiernos provinciales respecto al fallo de la corte

    Por Lic. Eduardo Cattaneo

    (AA) Según parece los gobiernos provinciales que se han declarado en oposición al fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible vienen sufriendo presiones y, a pesar de que las mismas no parecen ser muy fuertes, las reacciones de los gobernadores y ministros de salud se han mostrado débiles, alguna sumamente veleidosa, en la defensa de la vida de los niños por nacer.

    Estas débiles reacciones me llevan a cuestionarme si es tan difícil para un miembro del poder ejecutivo el hacer cumplir las leyes, que para eso han sido elegidos. Una interpretación (todavía permisiva) de la ley vigente (aunque no debería estarlo) llevaría a un gobernador a aplicar el famoso Art. 86 del Código Penal Argentino que en dos incisos despenaliza el aborto para dos casos: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

    Ya sabemos que la Corte pretendió reinterpretar el Código Penal en el caso del inciso 2 del artículo mencionado. Esta inconducta de la Corte no podría haber sucedido nunca si, en algún momento, después de sancionarse la reforma constitucional de 1994, se hubiesen explicitado la obvia y necesaria derogación del artículo 86. Por obvia esta derogación nunca fue realizada formalmente y de este artículo hoy se toma la Corte suprema para intentar liberalizar el aborto.

    Por calificarlo de una manera que no ofenda a nadie, creo que quienes defendemos la vida “desde la concepción hasta la muerte natural” hemos sido ingenuos en no buscar y lograr la explícita derogación del artículo 86. Recuerdo que hace años cuando lo charlaba con un abogado comprometido en la lucha pro vida, este me refirió que tal derogación explícita no era necesaria toda vez que el en derecho se utiliza el principio que reza: “ley superior deroga ley inferior”. Está visto que pecamos de ingenuos en este asunto.

    Salta: Veleidades de Uturbey

    Muchos de nosotros aplaudimos al gobernador salteño Juan Manuel Uturbey cuando, el miércoles pasado (21/03/12), leímos en los medios masivos de comunicación que se oponía a la aplicación del fallo de la Corte Suprema en su provincia. Según pareció en este primer momento el gobernador salteño parecía a un digno habitante del suelo que, otrora, protegiera por el “General Gaucho” don Martin Miguel de Güemes. Su respuesta al Máximo Tribunal  fue: “Cuando los jueces sean legisladores, podrán cambiar la ley”. Sin embargo ya denotó cierta debilidad en la supuesta defensa de la vida cuando a continuación dijo que los hospitales de Salta solo realizarán abortos no punibles “si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez”.

    En menos de 24 hs. el gobernador firmó el decreto 1170/12, mediante el cual instruyó a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos a implementar de manera "inmediata" las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder, "de manera rápida y segura, al aborto no punible previsto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

    La palabra “veleidad”, utilizada en el subtítulo, no tiene la misma etimología que “veleta” pero creo que, en este caso, merecería tenerlo.

    Mendoza: Paco Pérez y la incertidumbre

    El 24 de marzo los diarios de la provincia de Mendoza se hacían eco de las declaraciones de su gobernador, el Sr. Francisco “Paco” Pérez, en estas declaraciones  el titular del ejecutivo provincial expresaba: "El fallo de la Corte es para un caso particular; no se aplica y no es legislación nacional ni legislación provincial. Nosotros nos regulamos por las normas y no podemos ante cada fallo de la Corte estudiar si se aplica una modificación”. Estas declaraciones generaron una inmediata respuesta de los partidarios de la muerte. Senadores y diputados provinciales salieron con los tapones de punta.

    Armando Camerucci (Senador UCR) presionó inmediatamente “Nuestras máximas autoridades interpretan arbitrariamente un fallo del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que ordena cumplir una ley, por igual, a todos los ciudadanos del país. Los sistemas de salud, sean estos nacionales, provinciales o municipales, deben garantizar ese derecho de la mujer en cualquier efector que estructuralmente se encuentre habilitado para tal fin",

    En el mismo momento en que escribimos esta nota la cámara de diputados de  Mendoza debate una iniciativa de la Dip. Liliana Vietti (UCR) por la que se pretende presionar al gobernador Pérez a fin de que adapte los protocolos,

    Por estar inmersos en el período de sesiones llamado “extraordinario”, no se  presentó como una iniciativa con rango de ley. Pero “servirá para pedirle al Estado que elabore un reglamento que establezca cómo debe actuar el hospital en el caso de una solicitud de interrupción de embarazo producto de una violación”, dijo Vietti.

    Para la legisladora radical, Mendoza es una provincia que “históricamente ha tenido una interpretación restrictiva del Código Penal”, es decir que admite el aborto no punible sólo cuando se trata de idiotas y dementes y aun en situaciones como éstas, tendiendo a judicializarlo. Obviamente que no puede resultar restrictivo aplicar, al pie de la letra, un artículo que debiera estar derogado por anacrónico e inconstitucional.

    Los bravos defensores de la vida pertenecientes al Frente Joven de Mendoza, con Pablo Gaete a la cabeza, se encuentran, en este preciso momento, en la sala de sesiones de Diputados y han pasado el día intentando hablar con los mismos para evitar que  se de acuerdo a esta declaración que pretende presionar al gobernador para que cambie de actitud.  Miembros de Argentinos Alerta, también se encuentran en la sala de sesiones y nos llaman para ir pasando las novedades.

    Las esperanzas de que “Paco” Pérez mantenga su posición tienden a debilitarse toda vez que, en su corto período de gobierno, a mostrado ciertas “veleidades” renunciando a la implementación de ciertas políticas para “quedar bien” ante las presiones recibidas.

    La Pampa: Ministro de Salud y Gobernador parecen mas firmes

    El Gobierno de La Pampa anunció este fin de semana que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ministro de Salud, Mario González, dijo que el fallo es "sobre un caso puntual", sobre una violación a una adolescente en la provincia de Chubut, y que no tiene por qué ser acatado por La Pampa. "Yo no soy abogado, pero los asesores legales nos han dicho que no se puede aplicar en otros casos. Que no afecta o direcciona las políticas del Estado", "Insisto, la Corte lo dijo para un caso puntual. Es un fallo para un caso puntual. Sería muy malo que, otro poder, en este caso el judicial, condicione políticas de Estado. No puede", sostuvo el ministro, que dejó en claro que una mujer violada "deberá tener autorización de un juez" para hacerse un aborto en los hospitales pampeanos.  Con esto último se trasluce la voluntad de aplicar el inconstitucional artículo 86 del código Penal.

    González dijo que esa posición es la que también sostiene el gobernador Oscar Jorge (PJ), quien en 2007 llegó a vetar uno de los primeros protocolos hospitalarios sobre abortos no punibles para los hospitales (en esta ocasión Argentinos Alerta felicitó al gobernador Jorge por asumir esta postura). "Yo no soy un librepensador. Formo parte de un gobierno y lo que expreso es la posición del Gobierno", dijo González.

    Tucumán: Alperovich “no conoce bien el tema”

    "No conozco bien el tema. Si hace falta o no protocolo, la verdad es que desconozco". Con esta frase el gobernador, José Alperovich, evitó sentar posición en torno del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los casos de abortos no punibles.

    En septiembre pasado, Alperovich había sostenido su oposición a cualquier práctica de interrupción del embarazo. "¿Quién puede estar a favor del aborto? Nadie. Una persona que se hace un aborto tiene un sufrimiento de por vida; nadie tiene que estar a favor de esa práctica", había manifestado el titular del Poder Ejecutivo provincial.

    Hoy el gobernador tucumano dice que “ignora” el asunto,  no sabemos qué dirá mañana cuando las mafias abortistas comiencen a presionar.

    NOTA POSTERIOR AL CIERRE:

    Cuando ya teníamos esta nota publicada, recibimos noticias de la Legislatura mendocina, nuestros amigos que estaban en el recinto nos cuentan que fue aprobado la propuesta de la Dip. Vietti.

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  • Solicitá a los senadores uruguayos que rechacen proyecto de ley de aborto

    (AA) Este miércoles 17 de octubre la Cámara de Senadores de Uruguay podría convertir en ley el aborto sin trabas hasta la semana doce de vida. Ayudemos a nuestros hermanos uruguayos. Solicitemos a los senadores uruguayos que rechacen el proyecto de ley.

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