Utilizan procedimiento de “Revisión Periódica Universal” de la ONU para presionar a Latinoamérica para que liberalice leyes de aborto

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(C-FAM/AA) Gobiernos occidentales presionan a países latinoamericanos para que liberalicen sus leyes de aborto sirviéndose de un nuevo mecanismo de derechos humanos de la ONU denominado Revisión Periódica Universal (UPR, por sus siglas en inglés: universal periodic review).

El Salvador, Costa Rica, Chile, Brasil, Bolivia, Belice y Argentina se encuentran entre los principales países recientemente sometidos a presiones a través del UPR, mientras  las naciones europeas recomiendan que estos enmienden sus leyes en materia de «derechos» de aborto y de anticoncepción. El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó recientemente a Argentina por no haber garantizado el acceso a un aborto legal a una adolescente con discapacidad mental, embarazada supuestamente por una violación, tal como informamos aquí: 

Según informa la ONU: “El Examen Periódico Universal (UPR) es un proceso único que consiste en una revisión de los registros de los derechos humanos de los 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años. El UPR es una innovación importante del Consejo de Derechos Humanos, que se basa en la igualdad de trato para todos los países. Proporciona una oportunidad para que todos los Estados declaren las acciones que han tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para superar los retos para el goce de los derechos humanos. El UPR también incluye un intercambio de las mejores prácticas de derechos humanos en todo el mundo. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo de este tipo.”

 
En los últimos tres años, muchos países europeos se centraron principalmente en los latinoamericanos. Al parecer, la principal inquietud gravita en torno a cuestiones polémicas sobre salud sexual y reproductiva que los europeos consideran como derechos, y a la interpretación de estos para que incluyan el aborto. Presionando a los países para que incorporen su creencia de que el aborto es un derecho humano internacional, constantemente sostienen que no brindar acceso al aborto de acuerdo con sus leyes nacionales constituye una violación de la legislación internacional de derechos humanos.
 
Poco tiempo atrás, Luxemburgo instó a El Salvador a «mejorar el acceso de las mujeres a los derechos y a los servicios de salud sexual y reproductiva», mientras que el Reino Unido exigió que Costa Rica «...brinde a las mujeres información adecuada sobre cómo acceder [a los servicios] y a la atención sanitaria, incluso al aborto permitido». Por su parte, Suecia recomendó que Chile promoviera los «esfuerzos para garantizar que las leyes de aborto concuerden con las obligaciones chilenas en materia de derechos humanos».
 
No obstante, estas afirmaciones carecen de sustento en el derecho internacional, ya sea por tratados o costumbres. Piero Tozzi, asesor jurídico senior del Alliance Defense Fund, dijo a Friday Fax: «No existe ningún "derecho" al aborto en el derecho internacional. De acuerdo con los tratados internacionales y las normas consuetudinarias, las naciones pueden (y deben) proteger al niño por nacer. Los organismos de la ONU y actores externos sobrepasan extremadamente sus competencias cuando demandan que las naciones soberanas modifiquen sus leyes nacionales que protegen a los no nacidos, y los estados deberían rechazar rotundamente tales reclamos injustificados».
 
En parte a causa de la fuerte presión económica de los países occidentales que condiciona la asistencia al desarrollo en lo social, algunos países latinoamericanos se vieron obligados a dar respuesta a las recomendaciones efectuadas por los países europeos. El Salvador declaró que el Gobierno «promoverá un diálogo amplio y participativo... sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva y sobre las implicaciones de las leyes restrictivas del aborto», y Belice dijo que tomará «mayores medidas concretas para mejorar el acceso de las mujeres a los servicios sexuales y reproductivos, entre otros, recomendados por la CEDAW».
 
La Revisión Periódica Universal, creada en marzo de 2006 mediante la Resolución 60/251 de la Asamblea General, es un procedimiento que se realiza cada cuatro años para supervisar y seguir de cerca las problemáticas de derechos humanos en los 192 Estados Miembros de la ONU.  Según este mecanismo, se solicita a cada Estado que informe sobre las medidas tomadas dentro de sus fronteras para mejorar los asuntos de derechos humanos.   
 
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Comentarios

Un aborto es un crímen. Sobretodo porque el feto tiene vida. Mi esposa me contó que una vez vió una película sobre un aborto y se vé claramente que el feto trata de escapar cuándo siente la proximidad del instrumento médico. En otra oportunidad tengo entendido que el presidente norteamericano Ronald Reagan (defensor del aborto) vió una película de lo que era un aborto y se echó a llorar.
Estoy de acuerdo que habría que dar en adopción al hijo de una violada pero el problema es que en éste país hay gente que se pasa años tratando de adoptar y debido a nuestras leyes de adopción (que deben venir de la época de Rosas) le hacen dar mil vueltas a la pareja que quiere adoptar un niño. Entonces que la Iglesia también ayude a que éstas leyes se modifiquen y se modernicen.

Que diferentes paises europeos manden cartas iguales a gobiernos hispanoamericanos demuestra una concertación previa. Más cuando en ellas se manejan los mismos conceptos sobre los supuestos "derechos" a matar noños.
Que los destinatarios de esas cartas sean paises de un mismo continente con culturas y etnias semejantes... ya se parece a una conspiración para practicar genocidio...
Además de ser una asociación para unir intereses comerciales negociando con los sub-productos de los abortos.
¡Respeten nuestra libertad de vivir!!!

Desde cuando la ONU puede intervenir sobre la libre determinación de los pueblos. Nosotros tenemos que respetar nuestra Constitución Nacional que claramente establece a través del pacto de San José de Costa Rica la protección de la vida desde el momento de la concepción. Salvo que la ONU de oficio ordene la modificación de la Constitución Nacional, sus presiones carecen de lógica y oportunidad.

La tiranía antivida, antipersona, antihumanidad de la ONU sobrepasa sus competencias. Como decía el general San Martín, y es textual, y espero que no escandalice a los parlantes, "es preferible andar en pelotas como nuestros hermanos los indios pero ser libres". Estos aspectos de la soberanía, los más importantes, nos invitan a no cambiar espejitos por oro, espejitos condicionados a leyes pro-muerte a cambio de préstamos usurarios. Desde nuestra identidad soberana tenemos que rechazar las presiones injustificadas, que nos ofrecen sucios dólares o euros, o cualquier otro papel, a cambio de matar a nuestros hijos o de renunciar a ser nosotros mismos. Dios nos ayude a resistir a estas neoesclavitudes.