El Gobierno tiene cada vez menos controles externos

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(AA) El 20 de Febrero el diario La Nación publicó una nota sobre la inacción o inactividad forzada de los organismos de contralor del estado. Tanto la Defensoría del Pueblo, La sindicatura General de la Nación, como la Oficina Anticorrupción se encuentran prácticamente inactivas. De igual manera la Fiscalía de Investigaciones Administrativas lleva tres años vacante. Y el Estado Nacional sigue siendo un refugio de forajidos. A continuación la nota:

(La Nación) Son organismos clave que tienen a su cargo controlar las cuentas públicas, revisar la actuación de los funcionarios nacionales y detectar casos de corrupción. Pero, lejos de funcionar como inspectores aguerridos del cumplimiento de la ley, están hoy en crisis o al borde de la parálisis.

La Defensoría del Pueblo, que debe proteger a los ciudadanos de los abusos de los gobernantes, y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), llamada a perseguir delitos y faltas de los funcionarios, atraviesan una situación muy parecida: llevan casi tres años acéfalas, perdieron toda visibilidad pública y abandonaron, sin disimulo, su intervención en los casos sensibles para el poder. En la Auditoría General de la Nación (AGN), máximo responsable de vigilar cómo se usan los fondos públicos, el futuro es incierto. Su presidencia está en manos del partido opositor con mayor representación parlamentaria (la UCR), pero el radicalismo anunció la semana pasada la salida de su titular, Leandro Despouy, autor de varios informes que cuestionaron al poder en la última década. Presionada por toda la oposición y también internamente, la UCR dio marcha atrás con la decisión, que quedó en suspenso.

"Más allá de la buena tarea de Despouy, la AGN depende del Congreso, y allí el control no es una prioridad. Esto erosiona erosiona su tarea", señaló a LA NACION Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

En los organismos de control interno de la Administración Pública (los que dependen del Poder Ejecutivo) el panorama no es más alentador.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) retiró de su página de Internet la publicación de todos los informes de control del Gobierno y se enfrentó con la AGN cuando se negó a brindarle más de 300 expedientes, un caso que terminó en la Justicia con un fallo en contra de la Sigen.

El otro contralor interno es la Oficina Anticorrupción (OA), desde 2009 en manos del dirigente kirchnerista Julio Vitobello. La OA había perdido poder desde antes, cuando el entonces ministro Aníbal Fernández hizo que sólo fuera posible iniciar investigaciones o pedir información a otro organismo con la firma del titular de la oficina.

"La OA tiene dos funciones: prevenir e investigar, y la segunda tarea no la cumple. No la vemos como querellante en las causas de corrupción que involucran a esta gestión, y durante otros gobiernos sí lo hacía", apuntó Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, dedicada a promover la transparencia.

Creados en la reforma constitucional de 1994, la figura y el perfil del defensor del Pueblo cambiaron desde que se fue su último titular, Eduardo Mondino, en abril de 2009 (ver aparte). Su desaparición de la escena pública se nota especialmente ahora, con el incremento de las tarifas y la quita de los subsidios de los servicios públicos.

Durante sus diez años de gestión, Mondino había impugnado las renegociaciones de los contratos de servicios públicos y presentado amparos contra los aumentos de transportes y servicios. Fue designado por la Corte Suprema para monitorear la limpieza del Riachuelo, que él había reclamado, y pidió un fallo colectivo que igualara a todos los jubilados con el fallo Badaro.

Cuando se fue, quedó a cargo de la Defensoría el adjunto primero, Anselmo Sella, un peronista cordobés que había llegado con Mondino, pero que bajó el perfil mediático del organismo y evita confrontar con el Gobierno. Su estrategia fue correrse de los grandes temas nacionales y provincializar el organismo, abriendo sedes en todo el país, que se ocupan de los problemas locales. "Antes la Defensoría tenía un perfil político, ahora mantenemos nuestra independencia", explicó Sella.

Atribuciones recortadas

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también cumplirá tres años vacante. En marzo de 2009, su entonces titular, Manuel Garrido (hoy diputado por la UCR), denunció que el procurador Esteban Righi le había recortado sus atribuciones para investigar la corrupción y renunció.

Garrido había impulsado causas penales de alta trascendencia política, como los presuntos sobornos de Skanska, la manipulación de los números del Indec, el llamativo incremento patrimonial de Ricardo Jaime y el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.

Desde su renuncia, su cargo fue cubierto por un subrogante, Guillermo Noailles, a quien no se le conoce denuncia alguna contra funcionarios de alguna jerarquía. El organismo ya no publica en Internet sus denuncias y su último informe de gestión anual disponible es de octubre de 2010.

La actuación más conocida de Noailles fue en el caso que investigaba el incremento del patrimonio de los Kirchner durante 2008, cuando los bienes declarados por el matrimonio presidencial aumentaron 28 millones de pesos (ver aparte).

El juez federal Norberto Oyarbide cerró la causa con una celeridad pocas veces vista y Noailles decidió no apelar, pese a que un informe de peritos contadores de la FIA le había advertido sobre 25 inconsistencias en lo declarado por los Kirchner.

"Asistimos a un lento declinar de estas agencias. Que treinta años después de haber recuperado la democracia sigamos pensando que el voto es la única forma de controlar al Gobierno es de una pobreza institucional llamativa", dijo a LA NACION Gustavo Maurino, uno de los directores de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Para Herrero, no hay "una visión estratégica de la importancia de los organismos de control y el efecto va a ser duradero, más allá de este gobierno, porque revertir esta cultura en las agencias estatales es costoso".

En opinión de Charosky, el problema es que la dirigencia no ve los organismos de control como patrimonio del Estado y de la sociedad. "La oposición cree que es una herramienta de acción política y el Gobierno busca neutralizarlas para que no molesten su discrecionalidad, cuando lo que deberían buscar son acuerdos mínimos para hacer un esquema de controles común."

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