Ni matrimonio ni igualitario

Enviar a un amigo

Pablo Yurman

(AA) Hace dos años el Congreso Nacional aprobaba una ley que habilita el “matrimonio” entre personas del mismo sexo. El lector recordará los innumerables debates a los que dicha modificación dio lugar en toda la sociedad argentina. Dicha discusión estuvo signada, en el ámbito social, por multitudinarias marchas a favor del matrimonio y la familia naturales, en las principales ciudades de nuestra geografía las cuales culminaron con la desbordante manifestación frente al Congreso, calculada en más de 200.000 personas.

Por contraste, minúsculos grupos del activismo homosexual, cuyas caras visibles y mediáticas no son representativas de la totalidad de personas de esa condición, haciendo el patético papel de victimización, disparaban desde sus cómplices atalayas mediáticas.

• A dos años de la desnaturalización del matrimonio por el kirchnerismo

Agreguemos también que el recordado debate no estuvo exento, al menos en el ámbito legislativo, de llamativas irregularidades que incluyeron desde la presión del Poder Ejecutivo para que muchos legisladores que habían expresado anticipadamente su opinión en contra del proyecto cambiaran a último momento su voto, particularmente en el Senado con la partida de al menos dos senadoras en comitiva oficial a China junto a la Presidente de la República, hasta el vergonzoso dictamen del Inadi a horas de llevarse a cabo la decisiva votación en la Cámara Alta.

Como era de esperar, los cambios legislativos que se imponen de arriba abajo, recurriendo a modos coactivos y subrepticios, lejos de encarnarse en la sociedad operan como heridas de difícil sino imposible cicatrización.

La opinión de los que saben

Estas líneas proponen reflexionar sobre el valor de las opiniones dadas a conocer sobre el tema del mal llamado “matrimonio igualitario”, ya que como es obvio a esta altura de los acontecimientos, mientras que la ley cosecha posiciones a favor fundamentalmente en los medios de comunicación y con variadas expresiones de la comunidad artística (y de los jerarcas políticos que la impulsaron hace dos años como una inmejorable cortina de humo), no ocurre lo mismo, en cambio, cuando quienes se pronuncian son profesionales que desde distintas disciplinas y saberes dictaminan al respecto.

En lo que refiere al derecho, cabe destacar un dato que, curiosamente ha sido groseramente silenciado en los grandes medios de comunicación, como son las conclusiones de las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Civil llevadas a cabo en la Universidad Nacional de Tucumán en octubre de 2011, de las cuales participaron cerca de dos mil juristas de todo el país.

En la Comisión de Derecho de Familia se consideró, por mayoría y tras un acalorado debate, que la ley de “matrimonio igualitario” en cuanto habilita el matrimonio de dos personas del mismo sexo, es lisa y llanamente inconstitucional, proponiéndose por lo tanto, su derogación y sustitución por un régimen de “convivencias asistenciales”.

• Sugieren derogar la ley de matrimonio “igualitario”

El dato no es menor. Nuestra sociedad se debe una reflexión acerca del valor que asigna a las opiniones, pues cabe preguntarse si cualquier parecer arrojado a la palestra pública merece la misma ponderación. En una democracia deliberativa, ciertamente no puede valer lo mismo la opinión de los que saben que la de quienes carecen de conocimientos mínimos sobre un tema. Vamos a un ejemplo: si se discute acerca del mejor plan de energía atómica para el país, la opinión de un físico nuclear egresado con honores del Instituto Balseiro vale infinitamente mucho más que la de un abogado o un médico. En cambio, si lo que se analiza es el grado de justicia de una norma jurídica, es evidente que no vale lo mismo lo que opina una abogada que una actriz. Y así podría seguirse con innumerables ejemplos. Cualquier persona merece respeto, pero no sucede lo mismo con las opiniones que puedan emitirse.

La (im)postura del Inadi

Como contracara de la serena reflexión de quienes movidos por sus respectivas especialidades científicas colaboraron hace dos años, y lo siguen haciendo, con este debate en torno a lo esencia del matrimonio, el bien de los contrayentes y de las futuras generaciones, se destaca la actitud que en acerca del tema tuvo el Inadi. En efecto, en los días previos a la votación en el Senado se conoció en nuestro país un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos en la causa “Schalck y Kopf contra Austria” por el que dicho tribunal establecía que los países no estan obligados a autorizar el matrimonio de personas del mismo sexo, y que un régimen de “uniones civiles” que regulara a este tipo de parejas es suficiente y, por ende, no constituye ningún tipo de discriminación injusta para ese sector social.

Prácticamente el mismo día en el que en Argentina se conocía tal pronunciamiento, pero a contramano de la Corte Europea, nuestro Inadi sostenía, en una indudable presión dirigida al Senado, todo lo contrario, es decir, que un régimen de “uniones civiles” sería, de aprobárselo, discriminatorio para los homosexuales y que no había más alternativa que sancionar una ley de “matrimonio”, esto es, en una equiparación total, manu militari, con el matrimonio natural. En criollo: una bajada de línea al Senado más propio de la Gestapo que de un organismo público en un ámbito republicano. Perón dijo alguna vez que “de todo se vuelve, menos del ridículo”. Pues bien, el episodio relatado demuestra que el Inadi además de hacer el ridículo considerando discriminatorios los fallos del Tribunal Europeo de DD.HH., utiliza su torcida interpretación de lo que es discriminatorio, no sólo a contramano del resto del planeta sino como herramienta de presión política.

En síntesis, puede afirmarse que una ley injusta, aprobada bajo irregularidades de toda índole, y que además es contraria a la esencia humana de complementariedad entre ambos cónyuges en materia matrimonial, no obliga en conciencia a nadie a acatarla y sólo corresponde, como expresaron los juristas en Tucumán, su derogación.