NUEVA SOSPECHA SOBRE LOS MANEJOS DE PICOLOTTI

Versión para impresiónEnviar a un amigoPDF version Cuando aún resuena el eco del escándalo sobre presuntos desmanejos presupuestarios en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, su joven titular, Romina Picolotti, deberá afrontar ahora una nueva acusación respecto del uso de los fondos públicos bajo su tutela. En esta oportunidad, la denuncia apunta a un decreto presidencial -el 739/07, suscripto por Néstor Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández- que creó el 14 de junio pasado una fundación sin fines de lucro, el Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo Sustentable (Inides), con un generoso aporte presupuestario: 20 millones de pesos. El diputado Luis Galvalisi (Demócrata Progresista-Capital) sospecha que esta fundación se constituyó para desviar fondos públicos sin el control de la Auditoría General ni de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). A tal efecto, presentó la semana última un pedido de informes en el Congreso.

Galvalisi sostiene que el Inides sigue los pasos de la cuestionada fundación ArgenInta, que saltó a la fama en una investigación de Clarín que reveló las sumas millonarias que allí derivaba la secretaría de Picolotti para, luego, efectuar desde allí maniobras presupuestarias sin control del Estado. Estas maniobras, según aquella investigación, contemplaban contratación de personal (incluidos amigos y parientes), alquiler de oficinas y compra de mobiliarios sin mayor justificación.

"A los sistemas ya conocidos y denunciados de los «superpoderes», sumado a la discrecionalidad de los fondos fiduciarios, se han agregado ahora el uso y abuso de organismos privados e internacionales, a los que se transfieren, por una simple disposición, sumas millonarias que salen de los circuitos legales y de control que establecen las leyes del Estado y para a ser manejados como si fueran recursos privados, sin control alguno", advirtió Galvalisi.

Explicación

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo justificó la creación del Inides. Consultada por LA NACION, la oficina de prensa del organismo informó que la fundación -aún no funciona- apunta a "coordinar, promover y desarrollar, a través de actividades propias y asociadas, la investigación científica en materias relativas al desarrollo sustentable y en particular, al ordenamiento ambiental del territorio, así como la promoción del desarrollo de mejores prácticas y mejores tecnologías disponibles".

El diputado Galvalisi considera risible esta justificación. "Son atribuciones tan amplias como las que tiene la Secretaría de Ambiente. Esto habla a las claras que se quiso justificar de cualquier manera un organismo para escaparse del control del Estado", indicó el legislador.

La Secretaría de Ambiente aclaró que la fundación aún no entró en funciones y que "aún es prematura su puesta en marcha". Indicó, además, que sus integrantes, salvo su titular, serán ad honorem y elegidos por concurso. Para Galvalisi, esto es anecdótico pues, a su juicio, la fundación apunta a otros fines que exceden su preocupación por el medio ambiente.

En su respuesta a LA NACION, la secretaría también justificó la herramienta jurídica utilizada, es decir, crear una fundación pública para los fines arriba detallados. "Se realizó conforme a la ley 19.836, de regulación de las fundaciones, y bajo la conformidad de la Inspección General de Justicia", se indicó.

Galvalisi disiente y acusa al Gobierno de violar la ley. Explica que el Código Civil, en su artículo 33, inscribe dentro de las personas jurídicas de carácter privado a las fundaciones, pues deben tener patrimonio propio y no subsistir sólo del aporte público.

"En cambio el Estado (nacional y provincial, además de los municipios) y las entidades autárquicas son personas jurídicas de carácter público. Ellas no pueden crear fundaciones", afirma.

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

Agujero negro

    * El presupuesto nacional destina anualmente recursos millonarios a fundaciones u organismos similares sin fines de lucro, entre ellos el Argeninta y el Inides.

Sin embargo, a pesar de los reiterados pedidos de informes que presentaron legisladores de la oposición, el Poder Ejecutivo no responde sobre el monto total, estimado en 60 millones de pesos, y el detalle de los organismos beneficiados.

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