Uruguay: se inicia la campaña mediática para convocar a referendum sobre ley de aborto

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La comisión Pro Referéndum comenzará esta semana con la propaganda en radio y televisión, con spots explicativos acerca de la jornada del domingo 23 en la que se recibirán adhesiones para convocar a un referéndum sobre la ley de despenalización del aborto.

(ArgentinosAlerta.org) La campaña consistirá en piezas publicitarias explicando con precisión que la jornada del domingo 23 no es una convocatoria en la que el ciudadano deba pronunciarse sobre si está a favor o en contra de la despenalización del aborto, sino para manifestar la voluntad de que sea toda la ciudadanía la que decida en una posterior instancia obligatoria a la que convocará la Corte Electoral a mediados de octubre.

Según la Comisión Nacional pro derogación de la ley de aborto, para que el referéndum sea convocado deberá haber una manifestación a favor del 25% de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral, lo que significa una adhesión de 655.193 ciudadanos.

El gobernante Frente Amplio otorgó 'libertad de acción' para el referéndum. "Como fuerza política, no convocamos a participar de la instancia a realizarse el próximo 23 de junio, en tanto es parte de una estrategia para derogarla, pero respetamos la decisión personal que cada compañero tome frente a la convocatoria", indicó la declaración del Plenario del Frente Amplio.

Abren investigación por boicot al referéndum

El Ministerio de Desarrollo Social abrió una investigación por el caso de una funcionaria que en una red interna de mails llamó a boicotear la consulta del 23 de junio para convocar a un referéndum sobre el aborto.

En un correo interno la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Romina Napiloti -consultora para el fortalecimiento de la atención directa al ciudadano- llamó a boicotear la consulta popular del 23 de junio para convocar a un referéndum derogatorio de la ley del aborto.

El diputado nacionalista Javier García (Espacio 40) dijo que es "grave" que desde el Mides y "con recursos públicos algunos funcionarios organicen un boicot, una trampa a una consulta popular. Primero porque es ilegal, los funcionarios públicos tienen la obligación si son convocados a integrar mesas en un referéndum como en una elección. Y segundo porque es un boicot, se trata de evitar una consulta popular democrática mediante una trampa".

 

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