¿Eutanasia en el anteproyecto de reforma del Código Penal?

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El ambiguo artículo 81 sobre la ayuda al suicidio permite que "por un vínculo de afecto" y "movido por un sentimiento de piedad" ante el pedido de muerte del enfermo, se proceda a la práctica de la eutanasia.

María Inés Franck

(ArtentinosAlerta.org) En la Argentina, la ley de derechos del paciente (Nº 26.529, sancionada en noviembre de 2009), permite en su artículo 11 la posibilidad de disponer “directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud (…),salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes”.

En el año 2012, esa ley sufrió una reforma (ley Nº 26.742) que decide que “el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado.

También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente” (art. 1°).

No había disposiciones al respecto en el Código Penal, como sucede en otros países latinoamericanos, en los cuales se reduce la pena del así llamado “homicidio piadoso”.

La legislación argentina, así, aunque incorporaba prácticas que rozaban la eutanasia (el rechazo factible de los procedimientos de hidratación o alimentación en determinados casos), establecía en principio su rechazo a las prácticas eutanásicas.

Hace pocas semanas se entregó a la Presidente de la Nación un anteproyecto de reforma integral del Código Penal actual, que ella misma afirmó sería remitido en breve al Congreso por el Poder Ejecutivo, para ser allí debatido y aprobado como ley.

Dicho documento legal se refiere (artículo 81) al delito de instigación o ayuda al suicidio, eximiendo de pena (inciso 2) al

supuesto de ayuda al suicidio de una persona que sufriere una enfermedad incurable o terminal, a la que el autor estuviere unido por un vínculo de afecto y actuare movido por un sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco”.

Por su parte, el artículo 82 del anteproyecto propone la penalización del “homicidio piadoso” con prisión de uno a cuatro años, pudiendo el juez “de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, eximir de pena” (inciso 2).

El anteproyecto de reforma se constituye así en una luz de alarma, ya que podría estar introduciendo un sistema de hecho de prácticas eutanásicas impunes.

Publicado en Observatorio Internacional de Políticas Públicas y Familia

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