Las fronteras de la legítima defensa

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El Código Penal prevé que no es pasible de ser penado el que obrare en defensa propia o de sus derechos. Al decir "derechos" obviamente está incluyendo a los patrimoniales, es decir, a sus bienes.

Por Eduardo Gerome

(ArgentinosAlerta.org) Se halla sobre el tapete el hecho protagonizado por el médico cirujano que mató al ladrón que lo estaba asaltando. Al respecto, considero que corresponde empezar señalando que quien ha cruzado las fronteras de lo legal, de lo permitido, ha sido el delincuente, al amenazarlo con un arma y pretender quitarle lo que no le correspondía. Partimos de la base, entonces, de que hay una víctima y un victimario. El doctor Lino Villar Cataldo, al ser amedrentado por el ladrón, reaccionó y, con un arma, lo ultimó de cuatro disparos.

Poco debería importar, entonces, si los disparos fueron realizados desde cerca o desde más lejos, o si el revólver estaba en el jardín o en su casa, ya que su acción fue tratar de impedir que lo despojaran de su vehículo.

El Código Penal prevé que no es pasible de ser penado el que obrare en defensa propia o de sus derechos. Al decir "derechos" obviamente está incluyendo a los patrimoniales, es decir, a sus bienes. Precisamente, lo que ha hecho el médico fue defender lo que le pertenece. Ahora bien, esta defensa —de por sí legítima— impide que se lo pueda considerar un homicida. Lo único que puede discutirse es si la defensa se ejerció dentro de los límites permitidos o si se obró en exceso de ella. En este caso, encontramos que se lo había golpeado, amedrentado con un arma y que el delincuente estaba a punto de llevarse el vehículo de su propiedad, mientras le reiteraba las amenazas, todo lo que causó el lógico temor de ser baleado por aquel y perder lo que era suyo. Reaccionar en esas circunstancias con un elemento proporcional al que había sido atacado no parece de ninguna manera exceder el marco de la defensa, ya que no había otra forma de hacerlo.

En efecto, ¿qué hacer frente a un ataque armado? ¿Aceptarlo y entregar lo que se pide, limitándose a hacer la denuncia después? Quiero enfatizar que nadie está obligado a dejarse robar y que no sólo uno puede defenderse cuando corre peligro su vida, sino, como vimos, también sus bienes.

La valoración que se hace acerca de que un bien material no vale lo que una vida, con ser cierto obviamente, parte de una premisa falsa para analizar esta cuestión, puesto que hay que ubicar el contexto en que ello se hace. En el caso, se trata de alguien que quiere arrebatar lo que es del otro y a quien la ley le permite defenderlo. ¿De qué otra forma podría defenderlo si no es al menos con igualdad de armas con el delincuente? La ley requiere que sea racional el medio empleado para defenderse y en este caso lo es. Y, por otra parte, la reacción fue simultánea a la agresión, sin que haya habido un tiempo intermedio.

Resulta fundamental dejar estas cosas en claro para así juzgar la actitud que tuvo un ciudadano común, un hombre que ha llevado una vida dentro de la ley, para defenderse del ataque de otro que la transita fuera de ella.

 Por último, no se puede dejar de tener en cuenta que quien está viviendo una situación como esa tiene el ánimo alborotado, convulsionado, lo que le impide pensar con la claridad que hubiera tenido en otro momento. De allí que no se pueda juzgar su conducta con el pensamiento de quien se halla sentado en un escritorio y ajeno por completo a las turbulencias que llenan el espíritu de quien sufre un ataque armado. Por todas estas consideraciones, estimo que el hecho debe encuadrarse dentro de la legítima defensa.

 El autor es abogado penalista y ex juez. Publicado originalmente en Infobae.

Más información: 

Código Penal de la Nación Argentina
TITULO V
IMPUTABILIDAD
 1º. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.
En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.
En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso;
2º. El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente;
3º. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño;
4º. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;
5º. El que obrare en virtud de obediencia debida;
6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:
a) Agresión ilegítima;
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.
Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia;
7º. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.
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